IU plantea a Ábalos si 25 años de secretismo del contrato con el BBVA en la ‘Operación Chamartín’ tiene que ver con la reducción de 3.000 a 980 millones de euros del beneficio público

La diputada de Izquierda Unida por Madrid, Sol Sánchez, ha planteado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sin conseguir una respuesta por su parte, si comparte que el hecho de que toda la documentación del contrato de la ‘Operación Chamartín’ entre la entidad pública ADIF (antes Renfe) y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN) -participada por el BBVA y la constructora San José- haya permanecido oculta 25 años tiene que ver con la reducción de 3.000 a 980 millones de euros del beneficio para las arcas públicas.

La parlamentaria de IU ha interpelado en el Congreso a Ábalos sobre las graves revelaciones conocidas las últimas semanas sobre este polémico asunto, después de que IU consiguiera el pasado lunes en la Diputación Permanente que el titular de Fomento tuviera que dar explicaciones en la Cámara Baja.

“En su mano está marcar o no la diferencia, cambiar o no la tendencia”, inició Sánchez su intervención, justo después de enumerar a todos los/as ministros/as de Fomento del PSOE y del PP que han pasado de puntillas sobre este tema: Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna “y ahora usted, señor ministro José Luis Ábalos”.

La diputada de IU valoró que “todas estas personas que he citado han contribuido o bien a ocultar información y detalles, o bien a engordar las plusvalías privadas a costa de una empresa pública”. Denunció que se hizo, además, “para mayor gloria del cada día más omnipresente por cuestiones menos edificantes Francisco González, máximo responsable del BBVA y beneficiario económico de la ‘Operación Chamartín’, el mayor pelotazo urbanístico en Europa de los últimos tiempos”.

“¿Por qué motivo -insistió- el primer contrato de Renfe se quedaba con el 53% de los beneficios antes de impuestos, un porcentaje que después bajó al 20% y que más tarde se eliminó a cambio de un pago fijo sin convocar un nuevo concurso público. No creo que fuera por interés económico porque se pasó de 3.000 millones a 980 millones de euros. Quizá ese es el motivo por el que se ha impedido el acceso al expediente y a la documentación asociada a la concesión durante los últimos 25 años”.

Lamentó que “aunque todo empezó en el 93”, lo “triste es que sólo 25 años después se han empezado a conocer detalles del contrato rubricado entre ADIF y la inmobiliaria Distrito Castellana Norte para la enajenación y posterior desarrollo urbanístico de 1,27 millones de metros cuadrados. Esto no ha sido porque ahora seamos el ‘reino de la transparencia’, sino porque parte de la prensa al menos cumple su función en una democracia, aunque sea bajo presiones y amenazas”.

Sol Sánchez recordó al ministro que “no todos los grupos al completo apoyaron en el Ayuntamiento de Madrid esta operación. Desde Izquierda Unida y algunas otras organizaciones compañeras se lleva luchando años contra este terrible y doloso proyecto”.

A partir de este punto de su intervención, la diputada madrileña de IU planteó a su interlocutor una serie de preguntas que, al igual que la primera cuestión, quedaron sin responder, empezando por qué opinaba “que se contrate a la empresa privada DCN por parte de las administraciones públicas para que, como se explicita en el contrato, ‘ejerza el papel de lobby para conseguir modificaciones de legislación y planes urbanísticos’ y si considera que ese objetivo ha sido cumplido”.

Ábalos tampoco hizo mención alguna en su turno posterior a la cuestión de “cómo explica Fomento que a lo largo de los últimos 25 años se haya triplicado el terreno vendido por parte de Renfe (luego Adif) y se hayan cambiado varias cláusulas, todas ellas prácticamente a favor del BBVA y la constructora San José”.

Sánchez concluyó su intervención asegurando que “teniendo en cuenta que la historia reciente nos ha demostrado que cuando desde las administraciones públicas se beneficia así a una empresa privada siempre o casi siempre es a cambio de algo, ¿descarta el ministro que esta obsesión en mantener un contrato lesivo para los intereses generales tenga alguna relación con el cobro de comisiones ilegales o la financiación de algún partido político?