Ecoembes pretende que su nuevo sistema de devolución de envases Reciclos se pague con dinero público

Ecoembes pretende extender su sistema Reciclos a todo el Estado. Un modelo sumamente complejo, costoso e ineficiente, planteado para boicotear e impedir la implantación de un verdadero sistema de retorno y devolución de envases (SDDR) que funciona ya con éxito en más de 40 países y regiones del mundo. Para ello, está usando la Comunitat Valenciana de laboratorio y, además, persigue que los costes de su sistema sean sufragados con fondos públicos. Se trata de un procedimiento “inaceptable”  para la Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider, ya que las directivas europeas y la ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la conocida Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

El pasado 30 de diciembre se presentó en la mesa de las Corts valencianas la proposición de ley para la Prevención de Residuos, la Transición Ecológica y el Fomento de la Economía Circular. El texto propone la puesta en marcha de un sistema para incentivar el retorno de envases de bebidas a través de máquinas automáticas y a cambio de dos céntimos de euro por envase, que serán descontados de la tasa de residuos de cada persona que participe. La propuesta se centra en las botellas de plástico inferiores a tres litros y establece que, a partir del 1 de enero de 2022, deberán instalarse 100 máquinas de retorno en la Comunitat Valenciana y que esta cifra deberá llegar a 3.000 antes del 31 de diciembre de 2023.

Más allá de la idoneidad de esta medida, mucho más simbólica que efectiva para acabar con los millones de latas y botellas abandonadas cada día y que nada tiene que ver con los Sistemas de Depósito de envases de bebidas que recuperan más del 90 % de las latas y las botellas para su reutilización y reciclaje, lo alarmante es que la proposición de ley sugiere que puedan contar con «financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100 % de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada». O lo que es lo mismo, que la administración pública costee directamente lo que la Responsabilidad Ampliada del Productor y las nuevas directivas europeas de residuos obligan a asumir a las empresas fabricantes.

“Desde la Alianza Residuo Cero se considera inadmisible que Ecoembes, junto con la industria responsable de la nefasta gestión de residuos en el Estado español y de los costes ambientales, sociales y económicos que ésta supone, ya ni tan siquiera trabaje para solventar esta situación sino que pretende seguir trasladando el coste de su negligencia a las personas contribuyentes”, opinan las entidades de la Alianza Residuos Cero, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.

El texto apunta directamente a los «fondos europeos o de recuperación pos-COVID» y a la propia ciudad de Valencia que ya ha anunciado que promoverá esta iniciativa conjuntamente con el sistema Reciclos que impulsa Ecoembes. De hecho, de las 100 máquinas de retorno que piensan instalar en la capital levantina, el ayuntamiento ha confirmado que 40 se financiarán con dinero público.

Esas 3.000 máquinas de retorno automático que recoge la propuesta de ley tendrían un coste aproximado de 45 millones de euros, en estimaciones de la propia industria. Y si este abuso se extrapola al resto del Estado, el coste de 30.000 máquinas (la Comunitat Valenciana representa el 10 % del PIB) sería de 450 millones de euros para las arcas públicas.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es un principio que rige la gestión de los residuos en la UE. Por normativa comunitaria las empresas fabricantes tienen la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado y por lo tanto deben asumir los costes de la gestión de los residuos que generan. Pero esta obligación se lleva incumpliendo durante años ya que las personas expertas calculan que los productores solo cubren el 30 % de los costes reales de la gestión de los residuos que provocan sus productos, trasladando el 70 % a las administraciones públicas y por ende a las personas contribuyentes.

Consciente de este agravio, en 2019 la UE aprobó la Directiva contra los plásticos de un solo uso que, en su artículo 8, obligaba al cumplimiento real de esta responsabilidad por parte de los productores, incluyendo incluso los costes de limpieza que el abandono de sus productos genera. Esta directiva debe ser transpuesta antes de julio de este año y el Gobierno español cuenta con tratar el asunto en la nueva Ley de Residuos que debe llegar al Parlamento en las próximas semanas, pero existen ya indicios de que los grandes fabricantes quieren seguir ignorando su responsabilidad y trasladar el coste de su actividad económica a nuestros bolsillos.

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