Las organizaciones ambientales califican de inadmisible el intento de hacer urbanizable la Red Natura que impulsa la Junta de Extremadura

Por iniciativa del Gobierno extremeño, la Asamblea de Extremadura —con el previsible apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos— va a presentar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa, pidiendo que se tramite por procedimiento de urgencia. Esta iniciativa pretende modificar la Ley del Suelo estatal, esto es, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Para las principales organizaciones ecologistas estatales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con la extremeña ADENEX, esta iniciativa supone una completa aberración desde el punto de vista ambiental, ya que pretende que se pueda urbanizar en los terrenos declarados rurales de la Red Natura 2000. Además, choca frontalmente con la transición ecológica y respeto a la biodiversidad a que se ha comprometido el PSOE y el Gobierno a nivel estatal.

La propuesta legislativa incluye una disposición transitoria única hecha a medida para legalizar la urbanización Marina Isla de Valdecañas. Una obra que sentencias de todas las instancias judiciales (Tribunal Superior de Justicia, Supremo y Constitucional) han determinado que es ilegal y que debe demolerse y ser restaurada ecológicamente para devolver al espacio los valores por los que fue declarado zona Red Natura 2000.

Las organizaciones ecologistas lamentan que muchas fuerzas políticas extremeñas dediquen esfuerzos a debilitar y socavar la red de espacios protegidos que se incluyen en Natura 2000. Esta figura legal fue creada por la UE y constituye una de las principales herramientas de conservación de la biodiversidad en Europa.

Los espacios que ahora se pondrían en riesgo con esta iniciativa fueron declarados por la Junta de Extremadura, avalados por la comunidad científica y regulados a todos los niveles legislativos a los efectos de constituir una red coherente de espacios protegidos a nivel europeo. Constituyen una herramienta fundamental para la calidad de vida de las y los extremeños, tanto en provisión de servicios ecosistémicos como por su capacidad para actuar como barrera frente a los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo. Además, bien gestionados, los espacios Natura 2000  tienen un tremendo potencial de desarrollo de actividades compatibles con la sostenibilidad y el empleo en zonas rurales, como avalan numerosas experiencias a nivel nacional y europeo.

Por otro lado, contraponer desarrollo socioeconómico frente a la existencia de espacios protegidos —como está argumentando esta iniciativa— supone un auténtico retroceso y plantea una falsa confrontación. El propio Tribunal Supremo ha desmentido el argumento de la Junta de Extremadura de que los núcleos urbanos dentro de la Red Natura no pueden desarrollarse urbanísticamente.

Cuestión distinta es pretender urbanizar suelos de especial protección, como se hizo en Marina de Valdecañas. La mejor prueba es señalar que Extremadura tiene un 34 % de su territorio sujeto a alguna figura de protección, un porcentaje similar a la media estatal. Sin embargo, comunidades más ricas y con mucha más población —y, por tanto, urbanización— como Madrid y Valencia tienen más territorio protegido, 41 % y 39 % respectivamente.

En definitiva, desde el Parlamento extremeño, la Junta de Extremadura está intentando repetir la estrategia que ya puso en práctica en 2011 con la modificación de la Ley del Suelo extremeña, para dar cobertura legal a posteriori a la urbanización realizada en Marina Isla de Valdecañas. Esto ocurre solo tres semanas después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaró ilegal el complejo urbanístico.

La modificación fue declarada inconstitucional ocho años después por el Tribunal Constitucional. La iniciativa que se pretende aprobar en la Asamblea de Extremadura intenta ahora llevar este cambio a la legislación estatal, siempre con la misma intención de fondo de preservar una urbanización ilegal, ignorando las graves consecuencias de esta iniciativa.

Las organizaciones ambientales más importantes de España denuncian la tremenda presión que están sufriendo Ecologistas en Acción y ADENEX en Extremadura por defender la legalidad y el interés general. La coerción sobre los grupos de defensa de la naturaleza se manifiesta a diario en forma de amenazas y agresiones dialécticas, alentadas por gran parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños.

También manifiestan que la actuación de la Junta de Extremadura está siendo especialmente criticable e impropia de una administración responsable: en lugar de acatar la ley, pedir disculpas y depurar responsabilidades por su pésima actuación en relación a Marina de Valdecañas, cuestiona la integridad de la Red Natura y a las organizaciones ambientales, como si la protección de los espacios y las personas que los defienden fueran el principal problema para el desarrollo de Extremadura.

Por último, las organizaciones ecologistas instan a la Junta y a la Asamblea de Extremadura a que descarten esta petición legislativa. Pero, en caso de que finalmente la tramiten, demandan al Gobierno de España y a los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados que la rechacen por sus graves consecuencias para la sostenibilidad de nuestro territorio. Nadie entendería un paso atrás de esta magnitud en la normativa de conservación de la naturaleza de nuestro país.