El Comú de Lleida hace público que al menos 13 cargos electos, entre ellos 4 concejales actuales, se han beneficiado de multas prescritas

En total la agrupación de electores dispone de 57 multas prescritas, de entre 40 y 200 euros. Si, aparte de las que han prescrito, añadimos multas dadas de baja por otros motivos, habría que sumar 14 más. En la información a la que hemos tenido acceso hay multas prescritas de cargos electos de 5 formaciones políticas:

• PSC (8 cargos electos)
• CIU (2)
• ICV (1)
• PP (1)
• ERC (1)

No podemos comprobar si todas las multas recibidas son veraces, ya que el equipo de gobierno sigue incumpliendo la resolución 98/2017 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Generalitat (GAIP) que nos da derecho a acceder a la relación de las sanciones impuestas por la Guardia Urbana de Lleida que fueron dadas de baja por prescripción o por cualquier otro motivo entre 2006 y 2016. De la misma forma, sólo el equipo de gobierno tiene acceso a los motivos que han llevado a la prescripción de dichas sanciones.

El Comú de Lleida considera que -incluso en una muestra de multas que es limitada y parcial- se evidencian muchas dudas sobre la gestión que han hecho los gobiernos de la ciudad sobre las multas de tráfico. Hay casos en que han prescrito hasta 10 multas a una sola persona en 20 meses, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante una posible eliminación sistemática de sanciones vía prescripción. El equipo de gobierno debe facilitar a la ciudadanía y todos los grupos municipales la información, indispensable para determinar si ha podido haber alguna vulneración del principio de igualdad y poder emprender, en su caso, las acciones que correspondan. Si es cierto que prescribe un alto volumen de multas, hay que saber por qué, y necesitamos tener todo el listado para saber si es fruto exclusivamente de la mala gestión o hay una intencionalidad política.

Ante la gravedad de las informaciones que hacemos públicas, preguntamos a todos los grupos municipales si consideran que estos hechos requieren ser aclarados con celeridad y transparencia. Los concejales del Comú ponen a disposición de todos los concejales de la corporación la información de multas prescritas de la que disponemos.

Silencio administrativo ante la insistencia a cumplir la resolución

El Comú, por responsabilidad, opta por hacer pública la información que tiene sobre multas a la vista que hace 6 meses que hemos pedido al alcalde esta información. El alcalde ha desatendido sus obligaciones en esta cuestión de forma reiterada:

• Desde el 28 de marzo conoce la resolución de la GAIP que le obligaba a facilitarnos la información en 15 días, «por correo electrónico en formato de archivo electrónico reutilizable».
• Ante la nula respuesta, en el pleno de mayo el Grupo Municipal del Comú formuló un ruego y el alcalde se limitó a responder: «No creo que los técnicos saquen demasiadas multas de concejales prescritas y que vayan tirando estos temas. No creo que encuentren. No se preocupe que buscaremos si hay alguna multa de concejal prescrita. Daré órdenes de que se busque», pero 6 días después seguimos sin tener ningún listado ni documento, sólo un goteo de declaraciones a los medios.

Insistimos en exigir el cumplimiento de esta y de todas las resoluciones de la GAIP, a la vez que pedimos al equipo de gobierno que compruebe si estas multas de tráfico prescritas son veraces, haciendo un seguimiento del número de expediente de cada sanción. Dada la gravedad de los hechos, cabe esperar que, por una vez, la ciudadanía tenga respuestas diligentes del equipo de gobierno.

Nos ajustamos a las obligaciones que marca la ley

No difundimos los documentos de las multas en cumplimiento del artículo 164.6 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril, que establece que los miembros de la corporación deben respetar la confidencialidad de la información a la que tienen acceso por razón del cargo si el hecho de publicarlo puede perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros.

Por otra parte, cumpliendo lo establecido en la GAIP, facilitamos la información sin asociar la identidad de las personas infractoras a la infracción cometida, ni el tipo de infracción, ni a la cuantía concreta de cada sanción.

Finalmente, nos parecería del todo inapropiado difundir nombres de personas concretas en base a una información que, como resultado del incumplimiento de la resolución de la GAIP por parte del Ayuntamiento, es del todo incompleta.