El Ingreso Mínimo Vital deja fuera a 600.000 personas en situación irregular y ahonda en la desigualdad social de la población migrante

01 de junio.- El movimiento #RegularizacionYa, formado por colectivos migrantes y antirracistas y apoyado por más de 1.100 organizaciones adheridas a su manifiesto fundacional, denuncia que el Ingreso Mínimo Vital, que fue aprobado el pasado viernes, 29 de mayo, deja atrás a las más de 600.000 personas migrantes que se encuentran en situación irregular, lo que supone ahondar en la desigualdad de la población migrante.

Desde la red, instan al Gobierno a incorporarlas para no dejar verdaderamente a nadie atrás y que esta consigna deje de ser una frase sin contenido, ya que la prestación excluye a la población más precarizada y que menos apoyos recibe.

Así, el pasado día 12 de mayo, hicieron llegar a partidos políticos y entidades sociales el informe Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el que demandaban que esta prestación incluya a las familias migrantes no regularizadas. Finalmente, esta petición no ha sido tomada en cuenta, ya que sólo podrán acceder en el estatus de irregularidad mujeres víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en una situación de especial vulnerabilidad. Las personas solicitantes de asilo, que en un principio iban a poder optar a esta prestación, también han quedado fuera.

Por otra parte, esta ausencia supone el incumplimiento de acuerdos internacionales. En ese sentido se ha pronunciado Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa. “Dejar fuera del Ingreso Mínimo Vital a las personas migrantes en situación irregular -así como a aquellas migrantes regularizadas que residan menos de un año en España- significa no cumplir con la Agenda 2030 que fue firmada por España para no dejar a nadie atrás. No incluir a la población migrante más vulnerabilizada en una prestación como esta, que está pensada para luchar contra la pobreza extrema, implica excluir a las personas según su estatus migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional. Es una contradicción”, afirma la representante del movimiento.

“El Ingreso Mínimo Vital -ha continuado Espinola- es una medida imprescindible de justicia social que se implementa con el objetivo de cumplir con los derechos humanos y garantizar la dignidad de todas las personas pero el Gobierno deja fuera a aquellas que lo tienen peor. Estas son las personas que han venido desde sus países de origen a buscar una vida mejor y a las que se condena a una situación de irregularidad y falta de acceso a derechos por los efectos de la Ley de Extranjería que las mantiene en trabajos precarios de la economía sumergida que, en muchos casos, son, además, esenciales: trabajadoras del hogar y los cuidados, jornaleros y jornaleras, etc..”, ha explicado la portavoz.

Desde #RegularizacionYa, se pide al Gobierno altura de miras en un momento clave de la historia en el que es necesario ser valientes y dar un paso al frente por una sociedad verdaderamente justa que no excluya a una parte fundamental. Además, cuestionan la eficacia de esta prestación. “¿Cómo uno de los colectivos más vulnerabilizados queda excluido de esta medida? ¿Qué coherencia puede haber con el lema de no dejar a nadie atrás? De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la desigualdad y pobreza si no que las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa irregular”, ha concluido la representante de #RegularizacionYa.