Enrique Santiago presenta una profunda reforma del sistema de acceso a la carrera judicial para “mejorar la formación, igualar las oportunidades y que no dependa de los recursos económicos”

El portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado y registrado esta mañana en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el sistema de acceso a la carrera judicial. Entre sus principales objetivos está “cumplir con las garantías de igualdad de oportunidades” a la hora de intentar ser juez o jueza, para que “no dependa de los recursos económicos” de la persona aspirante, al tiempo que se moderniza un sistema “decimonónico” de cara a una “mejor selección y formación de quienes quieran acceder a la judicatura”, según ha explicado el diputado.

Además de dominar las materias técnicas actuales, y para que ser titular de un juzgado no sea “fundamentalmente cuestión de tener buena memoria y memorizar bien más de 400 temas”, más en una época “donde ya existen las bases de datos informáticas”, Santiago destacó que hay que impulsar entre los/as futuros/as opositores la “sensibilidad social, que conozcan de verdad la realidad de la justicia, del turno de oficio, de las cárceles y de los centros de internamiento”.

El portavoz de IU en el Congreso ofreció algunos datos contundentes derivados del modelo actual de acceso a la carrera judicial: data de 1870, su inmovilismo conlleva que ciertos valores de la dictadura franquista se hayan mantenido en democracia, al margen de que el 98% de los jueces en ejercicio reconocen que su preparación se la pagaron sus padres. Por el contrario, el sistema propuesto equipararía a España a los estándares de los países más avanzados de nuestro entorno.

Reprochó que a quienes acceden hoy a la judicatura no se les exige que “acrediten neutralidad, empatía por los ciudadanos o sensibilidad democrática”. A ello se le une la “opacidad” que rodea su preparación, que corre a cargo de otros jueces en ejercicio, que muchas veces dedican a ello un tiempo que les falta para instruir las causas, y donde pervive más allá de lo debido el “adoctrinamiento en determinados valores” ideológicos.

Santiago explicó que el texto registrado hoy plantea dos proyectos distintos. En primer lugar, de forma inmediata y a partir de la reforma de ocho artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se instauraría un sistema transitorio por el que, mediante un sistema de preparación continua desde las facultades de Derecho y una vez acabada la carrera, “los mejores estudiantes accederían a un máster de dos años tras el cual, quienes lo superen con los mejores expedientes, tendrían la posibilidad de acceder a las plazas de jueces con una oposición”.

Quienes no lo logren podrían homologar esa preparación para otros destinos vinculados a la abogacía “con lo cual no sería un tiempo tirado como hasta ahora”, indicó el portavoz de Justicia del grupo de Sumar, para quien es “fundamental” que “se creen becas y establezcan los procesos para que acceden a ellas quienes lo necesiten, en función de su situación”.

Pasado un año de esta fase transitoria, en lo que ya sería el sistema definitivo, la formación de jueces y jueces se realizá a través de una Escuela de Funcionarios Jurídicos del Estado, donde radica el verdadero “cambio radical”, en palabras del diputado.

A esta escuela accederían no sólo quienes aspiren a ser jueces, sino fiscales, abogados del Estado o letrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras una prueba de acceso única en todo el Estado, deberían realizar un máster de dos años en universidades públicas. Quienes logren las mejores calificaciones, optarían a la especialidad jurídica elegida, algo similar a lo que ahora ocurre con los médicos u otras profesiones. En todo momento habría un proceso de evaluación propio y una formación teórica y práctica especializada para quienes superen las pruebas.

El texto de la proposición de ley señala que el proceso de acceso que ha regido hasta ahora “se ha configurado como un sistema elitista en el que únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con los ciudadanos”.

En relación a la labor de los denominados ‘preparadores’ de los actuales aspirantes se indica que “básicamente consiste en orientar y dar seguimiento a la evolución en el aprendizaje del temario y en la inmensa mayoría de los casos ejercen esa actividad en un régimen irregular y la retribución que perciben suele ser fiscalmente opaca”.

“Sin embargo -añade-, a pesar de que este régimen irregular de preparación de oposiciones es sobradamente conocido no se conoce la realización de inspecciones por la Hacienda Pública ni se han adoptado medidas correctoras», asegura.

Enrique Santiago respondió a las preguntas de los medios y valoró que existe un “amplio acuerdo” con otras formaciones del pacto de investidura sobre la necesidad de modificar el acceso a la carrera judicial. No obstante, lanzó el mensaje de que ahora “no valen reformas coyunturales o cosméticas”, entre ellas un tímido sistema de becas para pagar precisamente a las personas que se encargan de preparar a los opositores.