Izquierda Unida considera un “debate trampa” la modificación que el Gobierno en funciones del PP pretende llevar a cabo ahora con toda urgencia a través de una proposición de ley que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo que tiene que ver con el ajuste de reducción del déficit de las Administraciones Públicas, en especial de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

El coordinador federal, Alberto Garzón, y el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, señalan que “evidentemente estamos de acuerdo en flexibilizar los objetivos de déficit a las comunidades, pero no aceptamos en ningún caso que una ley que se ha mostrado tan dañina para los intereses de la mayoría social se maquille ahora para resolver los problemas de un Gobierno en funciones”.

“Podrían haber llevado al Congreso una reforma profunda de la misma, pero han preferido agotar los plazos, no hacerlo hasta el último momento y acometerlo ahora a toda prisa y por el trámite de urgencia”, denuncian. “En realidad lo hacen porque quieren seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, chantaje mediante, en vez de aceptar que el parlamento es plural en opiniones”, apuntan.

Garzón advierte de que “aunque lo que proponen es lo lógico desde su perspectiva, lo que pretenden ejecutar no es una cesión, sino una táctica inteligente para ‘quemar’ a las comunidades autónomas y al Estado social a fuego lento y no a fuego rápido. La comida sale más rica, sí, pero te achicharran igual. Si su propuesta no incorpora una salida de ese marco -el de reducir el déficit por la vía de los recortes- es algo que sólo merece nuestro reproche y voto en contra”.

Por esa razón, el próximo lunes en el debate de la Colegiada -órgano ejecutivo de IU-, se decidirá si se registra una enmienda a la totalidad a la proposición de reforma de la ley orgánica. “No vamos a aceptar el chantaje del señor Montoro, y si quieren un proceso rápido y urgente que sea consensuado e incorpore las medidas que exigimos el resto de grupos”. Garzón recuerda que entre éstas «se encuentra la posibilidad de que las instituciones con superávit puedan utilizarlo para gasto social y que las medidas coercitivas contra las comunidades sean eliminadas».

Sánchez Mato explica qué supone la proposición de ley que modifica la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha visto hoy el Consejo de Ministros. “Dado que la Comisión Europea nos ‘suavizó’ la senda de ‘consolidación fiscal’ en abril y en julio, España tendrá más tiempo para hacer el ajuste de reducción del déficit de las Administraciones Públicas. Sin embargo, al estar el Gobierno en funciones, se ha retrasado la aprobación de estos límites presupuestarios y ni comunidades autónomas ni corporaciones locales tienen definido qué porcentaje de déficit pueden tener”.

La intención del Gobierno es aclarar a las comunidades autónomas las bases sobre las que construir sus presupuestos. En definitiva, si no se hace cambio alguno en la Ley de Estabilidad, al prorrogarse los Presupuestos, las comunidades tendrían que aplicar una cifra de déficit del 0.3% este año y del 0.1% el que viene. Eso significa que no podrían aprovecharse del margen económico que Bruselas le ha dado al Gobierno. Habría un efecto peor aún. Dado que no lo podrían cumplir, se activarían todos los mecanismos sancionadores que en la ley se desgranan para actuar contra las administraciones ‘incumplidoras’.

“El Gobierno -señala- busca traspasar a las comunidades autónomas parte del margen que Bruselas ha dado, permitiendo un déficit del 0.7% para este año y de una cifra aún por pactar para el año que viene, pero en todo caso mayor que el 0.1% previsto. Para que todo ello sea posible es necesario hacer un cambio en la Ley de Estabilidad (una ley orgánica). El cambio se plantearía solamente para ‘aquellos casos excepcionales en los que se prorroguen los Presupuestos’ (como este año)”.

Alberto Garzón recuerda que la ‘reforma express’ del  artículo 135 de la Constitución “abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. Con ese acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional fue cuando se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la que ahora hablamos”.

El coordinador federal de IU apunta que “las tres reglas fiscales que han sido convertidas en ‘sagradas’ son la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. Este último es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones. Debe utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico”.

“Es decir -completa Sánchez Mato-, aunque un ayuntamiento cumpla puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales”.