Ana Pastor se alía con el Gobierno de Sánchez para que sigan sin respuesta las iniciativas de IU aceptadas sobre la Monarquía, entre ellas por qué el CIS lleva 42 meses sin preguntar por ella

Lunes, 1 de octubre 2018.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha aliado con el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de impedir que Izquierda Unida logre una respuesta oficial sobre por qué el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya no pregunta por la opinión que tiene la población española sobre la Monarquía. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el diputado de esta misma formación Miguel Ángel Bustamante esperan desde hace meses respuesta a sendas iniciativas parlamentarias que son ya responsabilidad del Ejecutivo del PSOE y a otra dirigida directamente a Pastor, pero recibidas todas ellas con una misma callada por respuesta.

El último episodio de este obstruccionismo parlamentario lo protagoniza la presidenta del Congreso. Siguiendo al pie de la letra el Reglamento, Garzón y Bustamante solicitaron por escrito el amparo de Pastor el pasado 13 de julio. Pidieron que “se dirija al Gobierno a fin de que responda a la pregunta escrita relativa al cese de la realización de encuestas sobre la Monarquía española por el CIS” cuyo plazo legal de contestación había concluido hace meses.

En concreto, los diputados de IU habían registrado el 12 de abril -coincidiendo con la proximidad del 14 de Abril, conmemoración del aniversario de la II República- una completa batería de preguntas sobre la Monarquía. Algunas de ellas eran más genéricas, otras se centraban en las polémicas finanzas de algún miembro de la Familia Real, como Juan Carlos de Borbón, y sobre el control de los ingresos de dinero público con el que se financia la Casa Real en su conjunto.

La Mesa del Congreso, gracias a la suma de votos de PP, PSOE y Ciudadanos, tumbó una vez más desde el primer momento estas últimas preguntas, pese a cumplir los requisitos reglamentarios, en lo que IU califica de “veto continuo” de estas tres formaciones a permitir la acción parlamentaria sobre temas vinculados a la Monarquía.   

Entre las cuestiones que en abril sí pasaron esta “censura parlamentaria” estaba la que reclamaba una respuesta del Gobierno sobre la “opacidad” del Centro de Investigaciones Sociológicas -responsabilidad del Ejecutivo- sobre “¿cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la Monarquía española?”, si va a permitir que este centro “siga ocultando la opinión de la ciudadanía sobre la Monarquía”, como hace desde 2015, y si ello se debe a que el Gobierno está “preocupado” por esta opinión.

También pasaron el filtro de socialistas y de la derecha en la Mesa las preguntas sobre si el Gobierno “¿ha valorado la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?” y si considera que pedirlo supone “una posición radical”.

Quedó pendiente también conocer la opinión de La Moncloa sobre si “¿considera que la Monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?” o si “¿considera que la Monarquía es compatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas son iguales al nacer?”

Lógicamente Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante dirigían las preguntas por esas fechas al entonces Gobierno del PP, que nunca contestó. Con posterioridad se produjo la moción de censura y la toma de posesión de Pedro Sánchez a comienzos de junio. IU dejó pasar un tiempo prudencial para ver si el nuevo Ejecutivo del PSOE cumplía con las obligaciones parlamentarias que habían despreciado sus antecesores. El Gabinete socialista empezó a responder hace tiempo diferentes preguntas dirigidas al Ejecutivo de Rajoy, pero más de tres meses después de llegar a La Moncloa las referidas a la Monarquía siguen guardadas en un cajón y bajo el más estricto silencio.

A todo ello se le une que la petición de amparo dirigida en julio a Ana Pastor por el coordinador federal y por el diputado de Izquierda Unida “no ha merecido por su parte ni siquiera un protocolario acuse de recibo, nada, silencio absoluto”, denuncia Bustamante.

Tanto para el parlamentario por Sevilla como para Garzón “pese a los supuestos desencuentros entre la presidenta del Congreso y los socialistas en alguna otra cuestión, en lo que sí están de acuerdo en la práctica y les une férreos intereses es en mantener el oscurantismo y la opacidad parlamentaria sobre la Monarquía, además de sobre determinadas circunstancias que rodean a los principales miembros de la Casa Real”.

Este mes de octubre se cumplen exactamente 42 meses desde que el CIS dejó de preguntar a la sociedad española por su opinión sobre la Monarquía. En concreto, fue en abril de 2015 cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas solicitó a los entrevistados en aquel sondeo que puntuaran del 0 al 10. El 0 significaba ‘ninguna confianza’, mientras que el 10 suponía ‘mucha confianza’. El resultado fue una media de 4,34.

En la década de los 90 y en la de principios de siglo la Monarquía llegó a alcanzar valoraciones de hasta un 7,5. Tuvo su primer suspenso en octubre de 2011, con un 4,89, hasta llegar a tocar fondo en abril de 2013, con un 3,68. En ese periodo fue la institución cuya valoración cayó con más intensidad en las encuesta del CIS. Un par de años después la pregunta desaparecía de los sondeos hasta hoy.

En todo ese tiempo se desarrollaron casos cuyas consecuencias aún colean. Está, por ejemplo, todo lo relacionado con la trama de corrupción del ‘caso Nóos’, que implicó directamente a Iñaki Urdangarin, yerno de Juan Carlos de Borbón y cuñado del actual jefe del Estado, ahora en prisión. En 2012 ocurrió el accidente del entonces rey Juan Carlos en una cacería de elefantes en Botsuana, acompañado de su amiga especial Corinna zu Sayn-Wittgenstein. A ese suceso le sucedieron las conocidas declaraciones de ‘lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir’.

Lo que no ha vuelto a ocurrir es que el CIS pueda preguntar de nuevo por la Monarquía ni que el Gobierno, da igual que sea del PP o del PSOE, responsa por escrito a Izquierda Unida sobre cuestiones sensibles relacionadas con esta forma de gobierno, la institución que la representa y sus principales miembros.