La PAP solicita reunión con el Presidente del Gobierno para la presentación de la LOASP -Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional-

Exigencia al nuevo Gobierno de un compromiso nítido con la abolición del sistema prostitucional

La PAP entiende que la abolición de la prostitución debe ser uno de los asuntos prioritarios que debe encarar el Gobierno que acaba de conformarse “Porque se trata, nada más y nada menos, que de erradicar esta forma extrema violencia que se ejerce contra las mujeres”, ha afirmado la portavoz estatal de la PAP, Rosario Carracedo Bullido.

No es posible que el nuevo Gobierno deje pasar otra legislatura sin abordar, de forma real y efectiva, políticas públicas que cambien la vida de las mujeres, que nos sitúen como ciudadanas de primera, donde dejemos de ser mercancía.

Este Estado, como otros muchos, tiene una responsabilidad directa en la explotación sexual de las mujeres en el sistema prostitucional y, en consecuencia, tiene la obligación de implementar medidas que aseguren garantías y derechos tanto a las mujeres prostituidas, como a las supervivientes de la prostitución; medidas que supongan una reparación integral de los daños causados, de los que es responsable también el Estado.

Ejes centrales de la propuesta legislativa del movimiento feminista, la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional -LOASP

Esta propuesta legislativa, impulsada desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución -PAP-, es el fruto de un amplio debate en el seno de las organizaciones de mujeres adheridas a la PAP, con otros grupos y colectivos de mujeres supervivientes del sistema prostitucional y otras compañeras feministas de reconocida solvencia.

La propuesta de Ley va dirigida a desmantelar el sistema prostitucional, es decir, como precisa Carracedo “a desmantelar esa estructura fundacional del patriarcado basada en la desigualdad y en la violencia contra las mujeres y sustentada por proxenetas, prostituidores y la industria de la explotación sexual”.

Asimismo, Carracedo ha explicado que “la LOASP pivota, fundamentalmente, sobre tres ejes: Garantizar derechos, recursos e implementación de medidas de atención y reparación integral a las mujeres prostituidas y supervivientes de prostitución; desmantelamiento del proxenetismo y la ‘industria’ de la explotación sexual; y la desactivación de la demanda de prostitución, con medidas administrativas y penales”.

Desde la Plataforma Abolicionista, la PAP, se ha reseñado que el objetivo primordial de la LOASP es garantizar derechos, recursos y protección integral a las mujeres prostituidas. Esta propuesta de Ley sitúa a las mujeres prostituidas “como verdaderas titulares de los derechos y garantías”, incluyendo a todas aquellas que hayan sido prostituidas en el territorio del Estado español, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como las nacionales que hayan sido explotadas en el extranjero.

Carracedo ha trasladado que la LOASP se dirige “a todas las mujeres prostituidas, sin un límite temporal. Es decir, cualquier mujer prostituida, en cualquier momento, puede ser beneficiaria de las garantías, derechos y recursos que la ley pone a su disposición sin que puedan ser condicionadas a participar en la persecución de los delitos cometidos contra ellas”.

Para abordar las políticas públicas abolicionistas, entre otros recursos, la LOASP prevé la creación de partidas presupuestarias transversales y anuales específicas y exclusivamente destinadas a abordar los objetivos de la ley, sin que eso merme los recursos y partidas habilitadas para la lucha contra otras formas de violencia patriarcal, y, por otro, se prevé un Fondo Especial reforzado con los decomisos procedentes de los delitos relacionados con la prostitución.

Para el desmantelamiento del proxenetismo, la LOASP modifica, entre otros textos legales, el Código Penal.  La modificación propone penalizar el proxenetismo sin que tenga que mediar ninguna circunstancia distinta a la de favorecer, facilitar o promover la prostitución ajena y se elimina la necesidad de demostrar la vulnerabilidad de las mujeres, para que se entienda que existe explotación sexual. 

Igualmente, se recupera la figura de la tercería locativa como otra modalidad de proxenetismo, pues la habilitación de locales, pisos o edificios para el ejercicio de la prostitución no deja de ser una forma de intervención en la explotación sexual.

Los prostituidores, los mal llamados “clientes”, constituyen un elemento esencial para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación, por eso la LOASP plantea sancionar administrativa y penalmente a los puteros imponiendo sanciones y penas de multa a los prostituidores que se van incrementando por la reiteración de la conducta.

Carracedo entiende que “el Estado no puede permanecer por más tiempo siendo cómplice de la explotación sexual y de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y exige al nuevo Ejecutivo la tramitación parlamentaria de la LOASP y su urgente implementación”.