La PDLI presenta su balance de los mayores ataques y agravios a la libertad de expresión e información durante 2016

La PDLI califica el 2016 como un mal año para las libertades, y menciona, entre otros hechos, la prohibición judicial a El Mundo de informar del caso ‘FootballLeaks’; los juicios por “enaltecimiento del terrorismo” a causa de mensajes en redes sociales, como los casos de César Strawberry y Guillermo Zapata, o el de los titiriteros de Madrid; la petición de cárcel para dos periodistas de ‘ABC’; la entrada de la policía en la redacción de Público por informar de las escuchas al exministro Jorge Fernández Díaz; o las diversas demandas por protección del derecho al honor contra medios ante informaciones incómodas.

Además, se han producido las primeras multas a periodistas en aplicación de la llamada ‘Ley Mordaza’, según denunciaba la PDLI el pasado mes de julio en su balance del primer aniversario de la ley .

También este año han tenido lugar juicios contra reporteros, como Raúl Capín, casos que ha denunciados la PDLI ante las autoridades europeas .

Aun así ha habido noticias con “final feliz”: la Defensora del Pueblo, en respuesta a una queja de la PDLI, advertía de la inconstitucionalidad de las sanciones que bajo esa norma se están imponiendo a periodistas, al estarse vulnerando un derecho fundamental como es la libertad de información. Igualmente, los jueces han anulado multas por este mismo motivo. También entre las sentencias favorables para la libertad de expresión este 2016 se encuentra la del caso Anonymous: su supuesta “cúpula” en España -según fue calificada por la policía- fue absuelta de todos los cargos.

En cuanto al avance de los asuntos que, en opinión de la PDLI, serán relevantes en el año entrante, la Plataforma destaca a los tres siguientes: la probable modificación de la legislación en materia del derecho al honor, que podría afectar a la libertad de expresión, en particular en redes sociales; las amenazas de regular, con la intención de restringirlas, las filtraciones periodísticas o las informaciones sobre sumarios judiciales; y las reformas de leyes negativas, como las ‘Leyes Mordaza’ o la de RTVE, en las que existe el riesgo de que no se profundice lo suficiente.

Los siguientes serían, según la PDLI, los diez hechos más destacados del año que acaba para la libertades de expresión y de información:

1. Juicio al periodista Raúl Capín

En enero comenzaba el juicio contra el fotógrafo Raúl Capín. El fiscal le pedía dos años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad cuando cubría las marchas de las “Mareas ciudadanas” contra los recortes en febrero de 2013.

El periodista siempre ha negado estos cargos y su abogado consideraba que no había pruebas suficientes: “Capín es víctima de una “persecución” por retratar las acciones policiales en las manifestaciones”.  Finalmente, fue condenado a una multa de 1.260 euros por agredir a una policía.

Este y otros casos similares, como el de Alicia Armesto, fueron denunciados por la PDLI ante las instituciones europeas.

El fotógrafo Raúl Capín fue juzgado en enero

2. Detención y cárcel para los titiriteros de Madrid

Durante la celebración del Carnaval en Madrid, dos artistas fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo tras una representación con títeres, lo que les llevó permanecer en prisión preventiva sin fianza. Terminaron siendo puestos en libertad pero se les retiraron los pasaportes con la prohibición de abandonar el territorio español. En septiembre la Audiencia Nacional archivó la causa por el delito de enaltecimiento del terrorismo (primero de forma provisional por el mismo juez que les envió a prisión y después por la sala de lo penal). Sin embargo, aún tienen pendiente la acusación de incitación al odio que está siendo instruida por el juzgado 46 de Plaza Castilla y cuya pena es mayor que la de enaltecimiento del terrorismo.

Los integrantes de la compañía “Títeres desde abajo” fueron enviados a prisión por una obra satírica durante los Carnavales

3. Un año de ‘Leyes Mordaza’

El 1 de julio se cumplió un año de la entrada en vigor de las normas conocidas como ‘Leyes Mordaza’ por la amenaza que suponen para las libertades de expresión e información. Se trata de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y de la doble reforma del Código Penal.

De ellas, la que ha tenido un impacto más directo, de momento, para el ejercicio del periodismo ha sido la primera: al menos cuatro profesionales han sido sancionados en este periodo con multas de más de 600 euros cada uno mientras cubrían hechos noticiosos para sus medios.

Solo en los siete primeros meses de aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad ciudadana se impusieron 40.000 sanciones, según datos del Ministerio del Interior. En ese periodo se tramitaron 6.217 sanciones por faltar el respeto a las fuerzas de seguridad, siendo así el segundo motivo de sanción, lo que supuso una media de 29,4 sanciones al día. Además, se produjeron 18 sanciones por utilizar fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de seguridad, 71 por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas y 3.700 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse.

Entre las sanciones, algunas tan insólitas, como la multa a una joven por usar una mochila con la inscripción “All Cats Are Beautiful”, la sanción de 800 euros a una mujer por sacar una foto a un coche de policía mal aparcado o el hombre multado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo en Facebook.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) trasladó a los Grupos Parlamentarios del Congreso este balance instándoles a impulsar la derogación de estas leyes.

También la plataforma No Somos Delito promovió una protesta de diferentes colectivos frente al Congreso contra estas normas. Precisamente, en ese acto, en el que también participaban diputados de grupos parlamentarios de la oposición, fueron identificados por la policía dos activistas.

Mientras se logra la derogación o reforma de estas leyes, la Justicia ha anulado ya algunas de las multas impuestas por la Ley Mordaza, como la de la Subdelegación gubernamental en Lugo a miembros de una plataforma vecinal que fueron desalojados por la Guardia Civil cuando se oponían a las obras de encauzamiento de un río, o la de la Delegación del Gobierno en Cantabria contra un activista de la PAH por negarse, según su versión, a identificarse durante una protesta en una sucursal bancaria. La sentencia considera que se han “vulnerado sus derechos fundamentales” al basar el procedimiento sancionador “exclusivamente en la versión del denunciante”.

También la Defensora del Pueblo se ha pronunciado contra este tipo de sanciones: a finales de noviembre instaba a revocar la multa a un periodista tras una queja de la PDLI:

“La aplicación del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental”, argumentaba la resolución que la Defensora remitió a Interior.

Protesta frente al Congreso contra las Leyes Mordaza en marzo

4. Amenazas de Catalá tras la publicación de los SMS de los reyes y la policía entra en Público

En marzo, Rafael Catalá, entonces ministro de Justicia en funciones, anunció la apertura de una investigación tras la información publicada por eldiario.es acerca de los mensajes de apoyo que recibió de los reyes el empresario Javier López Madrid, implicado en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid. La PDLI condenó estas amenazas.

No era la primera vez que Catalá señalaba a los medios por la publicación de sumarios. Meses antes la PDLI ya tuvo que salir al paso frente a la propuesta del ministro “de ‘sancionar’ a los medios de comunicación que informasen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial”.

El diario “Público”, por su parte, se encontró en junio con la irrupción de la policía en su redacción para conseguir, sin orden judicial, las grabaciones del ministro del Interior de las que el diario había venido informando. La PDLI calificó ese incidente como “gravísimo”.

Catalá amenazó con abrir una investigación por la publicación de los SMS de los reyes

5. Petición de cárcel para dos periodistas de ABC

La Fiscalía pedía dos años y medio de prisión a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, periodistas de ABC, por publicar un pinchazo telefónico a presuntos miembros de la mafia italiana en el que se mencionaba a Bárcenas. La información de ABC fue publicada cuando los dos investigados ya estaban detenidos y en ningún caso puso en peligro las pesquisas. El fiscal, Julián Salto, atribuía un delito de revelación de secretos a los periodistas.

La PDLI se dirigió entonces a la fiscal general protestando por esta petición de cárcel y pidiendo un cambio de criterio, como finalmente así ocurrió. La causa fue archivada.

Cruz Morcillo y Pablo Múñoz, periodistas de ABC, se enfrentaron a una petición de dos años y medio de cárcel

6. Cebrián, contra los medios de los “Papeles de Panamá”

Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, emprendió una batería de medidas contra periodistas y medios a raíz de informaciones que relacionan a su ex esposa con los “Papeles de Panamá”. Tras el anuncio de demandas judiciales contra eldiario.es, La Sexta y El Confidencial, se despidió a Ignacio Escolar de la SER y se ‘suspendió’ la colaboración de José María Zarzalejos.  Además, se envió un mensaje a los trabajadores de El País para que no participasen en programas de La Sexta. En octubre, El Confidencial informaba que había sido demando por Prisa por competencia desleal tras los papeles de Panamá.

Ignacio Escolar, en una imagen de la SER. Fue despedido de la cadena tras publicar informaciones que comprometían al presidente de Prisa.

7. La libertad de expresión en el banquillo

El humorista Facu Díaz fue imputado por un chiste de humor negro de 2013, el líder del grupo Def Con Dos, César Strawberry fue juzgado por presunto enaltecimiento del terrorismo y humillación por seis tuits y un retuit publicados en 2013 y 2014, y la Audiencia Nacional reabrió, por tercera vez, la causa contra Guillermo Zapata.

También en 2016 tuvo lugar el juicio contra Rita Maestre por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos tras una protesta en la Universidad Complutense en 2011. Fue absuelta finalmente. La PDLI manifestó su satisfacción por la sentencia y solicitó la derogación de ese tipo penal.

Estos cuatro casos ponen de manifiesto, a juicio de la PDLI, que España sigue sin cumplir los parámetros internacionales que establecen la necesidad de sustraer de las normas penales conductas tales como la injuria y la calumnia.

“La vaguedad con la que tales delitos están establecidos constituye una amenaza latente a todo el que se pueda plantear la difusión de opiniones extremas o minoritarias, especialmente a través de las redes sociales. Este ambiente represivo, que se ha manifestado intensamente en los últimos tiempos, es impropio de una democracia madura” se denuncia desde la Plataforma.

Otra sentencia relevante fue la del caso Anonymous: los acusados de ser, según la policía, la “cúpula” del movimiento, fueron absueltos.

Los acusados de ser “la cúpula” de Anonymous fueron absueltos de todos los cargos

8. Censura judicial contra las informaciones de “FootballLeaks”

A principios de diciembre, el juez Arturo Zamarriego prohibió al diario El Mundo y a su director, Pedro G. Cuartango, al que amenazaba con penas de hasta cinco años de cárcel, difundir las informaciones del caso ‘FootballLeaks’: una investigación de 12 medios de toda Europa liderada por la revista alemana ‘Der Spiegel’ en la que participa este medio español, a partir de la filtración de 18,6 millones de documentos, y que revelaba los movimientos económicos de conocidos jugadores de fútbol y entrenadores para, presuntamente, evadir sus obligaciones fiscales.

La prohibición la hacía extensiva a cualquiera de los medios de comunicación europeos que destaparon el caso.

La PDLI condenó la decisión judicial que consideraba jurídicamente “insólita” y una amenaza al periodismo de investigación.

Un juez prohíbe a El Mundo publicar el caso “FootballLeaks” que señala a conocidos futbolistas por presuntas irregularidades fiscales

9. Las iniciativas legislativas del PP: la reforma de la Ley del derecho al honor y la ‘Ley Mordaza’ de Cifuentes

En noviembre, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para reformar la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La PDLI criticó la propuesta por considerarla innecesaria y una amenaza a la libertad de expresión.

El Gobierno del Partido Popular en Madrid, a su vez, aprobó un polémico proyecto de Ley que contempla multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales.

Sáenz de Santamaría confirmó la intención del gobierno de regular (aún más) las redes sociales

10. Se deteriora la libertad en RTVE

Los periodistas de RTVE han venido denunciando a lo largo del año la falta de neutralidad de las informaciones de la televisión pública, así como las represalias contra profesionales críticos, entre otras decisiones a su juicio arbitrarias.

La caída de audiencia, y también de la credibilidad de los informativos, recogida por uno de los últimos barómetros del CIS, confirman el deterioro de la libertad de información en los medios públicos estatales: TVE ha caído 20 puntos como preferencia informativa desde que gobierna el PP.

Los profesionales de TVE votan un comunicado en el que denuncian la “degradación ética y deontológica” de los informativos

Otros hechos relevantes

En julio el Tribunal Supremo desestimó un recurso sobre el reparto de frecuencias realizado por Gobierno en 2014 en el que se excluía a las emisoras comunitarias, impidiendo su acceso a frecuencias a estas emisoras a pesar de su reconocimiento en la Ley General de Comunicación Audiovisual, tal como denunciaba la Red que integra a estos medios.

En el plano internacional, la PDLI ha denunciado a lo largo de este año la situación que se vive en Turquía tras el fallido golpe de Estado y que, entre otras consecuencias, ocasionó la detención y deportación de la periodista española Beatriz Yubero.

Finalmente, la PDLI también criticó la multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Google por el llamado “derecho al olvido”. La AEPD consideraba que el buscador no debe informar a los medios de comunicación de los contenidos que Google desindexa a petición de usuarios que hayan podido ver vulnerado su derecho a la intimidad por la publicación de alguno de sus datos personales. Según la PDLI, la Agencia está ponderando dos derechos fundamentales y situando uno de ellos (el de la intimidad) sobre el otro: el de recibir información veraz por cualquier canal.

Entre otros hechos relevantes la PDLI incluye que el Tribunal Supremo haya desestimado un recurso sobre el reparto de frecuencias realizado por Gobierno en 2014 en el que se excluía a las emisoras comunitarias, impidiendo su acceso a frecuencias a estas emisoras a pesar de su reconocimiento en la Ley General de Comunicación Audiovisual, tal como denunciaba la Red que integra a estos medios.

El informe completo detallado en este enlace.