CCOO exige seguridad laboral para las y los 6.000 agentes forestales y medioambientales
Después del doble asesinato de dos agentes rurales en acto de servicio en Lleida el pasado 21 de enero, se ha hecho innegable el riesgo al que está expuesto este colectivo.
Conflictos con cazadores, pescadores, rematantes, recolectores de setas, conductores de quads, motos, etc. Es indiscutible que entre las funciones de conservación, protección y mejora del medio ambiente, el trabajo de las y los agentes forestales contiene una parte coercitiva. Realizan inspecciones, controles y, en algunas ocasiones, denuncias a quienes vulneran las normas protectoras del medio ambiente. Aunque no sea su actividad principal, realizan funciones de policía y sufren los mismos conflictos que otras policías, pero en su caso les ocurre en medio del monte, en solitario muchas veces, y ante personas armadas cuando se trata de verificar el correcto ejercicio de la actividad cinegética.
Según CCOO, dichos conflictos, amenazas e incluso agresiones, deberían haberse tenido en cuenta desde la perspectiva de la seguridad laboral como incidentes o accidentes laborales que van advirtiendo de la existencia de un riesgo. Sin embargo, los responsables técnicos y políticos de estos colectivos han negado sistemáticamente el riesgo, eludiendo sus responsabilidades para garantizar el derecho de las trabajadoras y trabajadores a volver a casa sanos y salvos.
Son muchos los que se han perdido en un debate más político que pragmático sobre un modelo policial para el medio ambiente, sobre si los agentes forestales deben o no llevar armas, sobre si deben hacer determinadas tareas o no.
CCOO exige abordar los riesgos a los que están expuestos los agentes desde el punto de vista de la seguridad laboral. En este sentido, en la reunión de la Coordinadora Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales de CCOO celebrada el 1 de febrero en Madrid se han acordado las siguientes medidas:
– La apertura inmediata de mesas técnicas de negociación entre la Administración y los sindicatos, que son los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, donde abordar todas las materias relacionadas con el desarrollo del trabajo.
– Incorporación de expertos en seguridad policial y personal experimentado del colectivo para asesorar en el desarrollo de las evaluaciones de riesgos y en las medidas correctoras que se puedan concretar (formación, protocolos, equipos de protección individual, elementos de defensa y cualquier otro que resulte necesario). Todo ello sin olvidar el resto de riesgos a los que estamos expuestos: incendios forestales, trabajos en altura, conducción, intervención en emergencias, etc., pues la seguridad laboral debe abarcar todo el ámbito de actuaciones del colectivo.
– Reclamar a las Administraciones Públicas la formación de los agentes forestales en prevención de riesgos laborales y cómo enfrentar situaciones de riesgo de agresión.
– Impulso de una comisión en el Congreso para analizar el contenido de una Ley Marco de Agentes Forestales y Medioambientales, que sirva para armonizar aspectos comunes sobre competencias, funciones, seguridad, gestión, naturaleza jurídica, principios básicos de actuación, etcétera.
– Necesidad de revisar otras normativas como la regulación de la caza, la posesión de armas o las certificaciones de aptitudes psicofísicas para la obtención de las correspondientes licencias.
– Exigimos Ofertas de Empleo Público anuales y tasas de reposición del 100%, pues la reducción de efectivos ataca directamente a la seguridad en las actuaciones y a la prestación de servicio público.
– Demandamos la renovación y dotación de medios materiales, equipación personal, centros de trabajo dignos, vehículos acordes a las funciones encomendadas, etc.
– Reivindicamos el respaldo de las Administraciones de las que dependemos, con especial atención a las campañas de divulgación sobre la función y el trabajo de las y los agentes forestales. También asesoramiento y respaldo jurídico a las actuaciones.
– Es necesario establecer protocolos de colaboración y acceso a información con otros cuerpos que tengan asignadas funciones en materia de protección ambiental.
“Desde CCOO centraremos el esfuerzo en el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a la seguridad en el desempeño de sus funciones buscando las mejores soluciones desde el punto de vista técnico. No defendemos que este sea un colectivo que tenga que portar arma siempre y en todo momento, pero tampoco nos oponemos a que en determinados casos se deba hacer uso de las mismas, en función de las conclusiones a las que se lleguen en los distintos comités y las evaluaciones de riesgos realizadas, y queremos huir de los debates sobre el modelo corporativo que un tiempo tan valioso nos ha hecho perder. Hemos sufrido ya un daño irreparable”.