USTEA: Cartelería, argumentario, aviso de huelga y servicios mínimos para el #4M

En estos días de intensa actividad para la preparación de la huelga del próximo día 4, hemos elaborado la siguiente documentación  para que la información  llegue a todos nuestros centros. Nos estamos jugando mucho, las políticas actuales ahondan en la privatización de la escuela y es el momento  de que la comunidad educativa se una en la lucha por la escuela pública. Por esto os enlazamos esta recopilación de materiales que pueden ser útiles para que la información llegue a claustros, familias, personal de administración, alumnado y en definitiva toda la comunidad.  Es imprescindible que todas y todos salgamos a la calle el próximo día 4 de marzo. Aquí os enlazamos los PDF que hemos preparado para que podáis descargarlos y llevarlos a vuestros centros. 

Con la unión y la lucha de todos y todas pararemos este nuevo despropósito de la administración.

USTEA ANTE EL NUEVO DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN

USTEA siempre ha defendido una Red Escolar Pública Única, que cuente con los recursos óptimos para garantizar el Derecho a la Educación de todas y todos. Entendemos que la Educación Pública es la única que garantiza la equidad y la cohesión social, mientras que una red dual en la que conviven centros públicos y privados, subvencionados o no con fondos públicos (concertados), tan solo contribuye a fomentar la segregación y la desigualdad educativa y social, desvirtuando y socavando el papel de compensación de desigualdades que ha de tener la Educación Pública.

Por ello, mostramos nuestro más rotundo rechazo al nuevo Decreto de escolarización, ya que las modificaciones que introduce, en lugar de revertir las ya nefastas medidas que reflejaba el anterior para la educación pública, lo que hace es ahondar en un camino de privatización y privilegios para la enseñanza privada/concertada.

¿Cuáles son las medidas más polémicas del decreto?

• En el artículo 4.2. y 4.3. se introduce el concepto de “demanda social” como uno de los criterios a tener en cuenta al programar la oferta educativa. Mercantilizar la planificación educativa a través de la demanda desde intereses o preferencias particulares conlleva el deterioro del componente social básico de la Educación.

• El capítulo II regula las áreas de influencia y los criterios de admisión. Las Delegaciones definirán las zonas de escolarización, la Comunidad Educativa solo será “oída”. Por tanto, la definición de los mapas escolares será sólo una decisión política. En los acuerdos de gobierno firmados por los partidos en el poder queda reflejada la intención de caminar hacia la zona única de escolarización. La experiencia en otras CCAA ha dado lugar a un aumento de la segregación escolar.

• El artículo 9.4 es quizás el aspecto más grave de este decreto. Establece que “las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”. Esto supone una inaceptable discriminación positiva hacia los centros privados concertados que supondrá, unido al concepto de “demanda social”, una mayor pérdida de unidades en la educación pública por trasvase de alumnado. Recordemos que la educación privada concertada está totalmente blindada y la Escuela Pública lleva asumiendo en exclusividad el descenso de natalidad, con una sangrante pérdida de unidades en los últimos años.

• En el artículo 2.9. se regula el acceso para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El artículo expone que “la Consejería competente en materia de educación determinará aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización para la escolarización de este alumnado”. Entendemos que este aspecto supone una discriminación y un agravio inaceptable para este alumnado. ¿Acaso no tiene este alumnado derecho a matricularse en el centro que le corresponda por zona?, ¿Por tanto, dónde queda la “libertad de elección” de centro?, ¿Supondrá esto que se generen centros guetos vulnerando el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas?

• Indicar, además, lo que ha venido sucediendo en el proceso de admisión es que el dictamen de escolarización de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) acredita la presencia de necesidades educativas especiales y permiten al alumnado con trastornos del desarrollo, sin necesidad de tener el reconocimiento del grado de discapacidad, puntuar para en el acceso a segundo ciclo de educación infantil. Ahora existe mucha ambigüedad en la información. Por un lado, en la tabla comparativa del actual Decreto que facilitó Consejería a los medios de comunicación, aparece puntuaciones solo para aquel alumnado que presenta un reconocimiento de discapacidad del 33 o 66 por ciento. Para muchas familias es imposible acreditar estos grados de discapacidad en caso de tener trastorno del desarrollo, porque al ser niños/as en torno a los 3 años, están aún en proceso de diagnóstico o esperando evolución en su crecimiento. Por otro lado, el artículo 14.2, refiere que para el criterio de trastorno del desarrollo es necesaria la certificación correspondiente que deberá ser remitida por el órgano competente de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería, competente en materia de educación. Los Equipos de Orientación Educativa son invisibilizados no quedando claro que su trabajo certifica las necesidades educativas especiales de este alumnado y su reconocimiento, y abriendo la puerta a entidades privadas que lo certifiquen.

En USTEA defendemos que una política educativa realmente inclusiva debe poner los recursos allá donde el alumnado los necesite. No se debe escatimar, por criterios de reducción de costes, en los derechos fundamentales de la población.

¿Cuáles son las cosas que no dice este nuevo decreto de escolarización?

A nuestro juicio, la reforma que la escolarización necesita debe de ir en sentido contrario al que este nuevo decreto plantea. Las políticas anteriores dirigidas a la libre elección de centro han sido una de las razones del deterioro que la educación pública viene sufriendo desde hace años. Esta nueva norma, en lugar de revertir estas políticas lo que hace es profundizar en ella. Se pierde una estupenda oportunidad, por ejemplo, para disminuir la ratio en las aulas andaluzas. Cuestión que no nos extraña, ya que, como venimos denunciando desde inicio de curso, la Consejería de Educación ni siquiera respeta la ratio legalmente establecida a día de hoy en infinidad de centros, cuestión denunciada en Tribunales por USTEA.

¿Cuál es el problema que introduce la “libertad de elección de centro”?

En las declaraciones del Consejero, Javier Imbroda, y también del Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se hace una constante referencia a la “libertad”, acusando a quienes no están de acuerdo con el nuevo decreto de tener “miedo a la libertad”. En este sentido hay que dejar claro que lo que desde las posiciones del gobierno se llama “derecho a la elección de centro” no es más que introducir en la planificación educativa las preferencias individuales de las familias. Entendemos que la educación pública tiene un componente social fundamental, debiendo jugar un papel compensador de desigualdades y de cohesión social. Es, por tanto, una obligación de los poderes públicos garantizar el derecho a la educación para todos y todas en condiciones de igualdad, más allá de las individualidades.

Los datos de aumento de la segregación escolar e incremento de las desigualdades en los territorios donde estas políticas se han llevado a cabo son alarmantes. En concreto, en la Comunidad de Madrid se ha incrementado la segregación socioeconómica en más de un 35% desde la aplicación de estas políticas, situando a esta región como la de mayor segregación en toda Europa, tan solo superada por Hungría, y con un porcentaje de centros gueto que duplican la media nacional. Lo que se pretende es camuflar, bajo un argumento falaz como es esa “libertad de elección”, la liberalización y privatización de los servicios públicos, de la educación en este caso, favoreciendo a lo centros privados concertados, para gloria de sus patronales.

Por todo ello, en USTEA entendemos que la verdadera libertad no se consigue anteponiendo las preferencias individuales al derecho universal a la educación para todas y todos. Sólo garantizando el acceso a este derecho en condiciones de igualdad estamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria, estableciendo la base para una sociedad libre.

¿Cómo afecta esta medida a los y las trabajadoras?

En términos generales, favorecer la educación concertada supone empeorar las condiciones laborales del sector público, ya que es el empleo público el que ofrece mejores condiciones y un acceso en condiciones de igualdad, con criterios iguales para todos y todas. La contratación privada, pero sufragada con fondos públicos, es del todo inaceptable. No debemos olvidar la indefensión y la vulneración de derechos fundamentales de los y las trabajadores que en numerosas ocasiones se dan en las empresas privadas, también en los centros docentes. Como fuerza sindical no aceptamos que se ahonde en esta precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Además, este decreto provocará un incremento de pérdidas de unidades en la Escuela Pública y, en consecuencia, una pérdida de puestos de trabajo. Esta pérdida supondrá un incremento de las supresiones y desplazamientos de puestos, contribuyendo a la inestabilidad de las plantillas. Además, el personal interino sufrirá especialmente esta situación al reducirse el número de vacantes y puestos de trabajo en los centros públicos.

Entendemos que un ataque de esta magnitud a la Educación Pública se merece una respuesta contundente, por lo que USTEA ha decidido convocar huelga el próximo

4 de marzo junto a otras organizaciones de la comunidad educativa a través de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Escuela Pública.