La Fiscalía pide, por contaminar, una sanción de 20 millones de euros para Orovalle, la filial de Orvana Minerals que explota la mina de oro de Belmonte de Miranda
El Ministerio Fiscal del Principado de Asturias considera acreditado que la minera realizó vertidos fuera de los límites autorizados de elementos como selenio y arsénico desde tres puntos de sus instalaciones del proyecto El Valle-Boinás.
La acusación de la Fiscalía, a la que ha podido acceder Tercera Información, se fundamente en un «delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente«, y va dirigida contra Kinbauri España S.L., denominada en la actualidad Orovalle Minerals S.L.
En este sentido, solicita una indemnización al Estado de 5.158.548 euros por los daños causados al dominio público hidráulico entre los años 2015 y 2017 y la suspensión de la actividad hasta que se acredite el cese de la actividad contaminante, por un período «no superior» a cinco años.
La Fiscalía afirma que las aguas del río Cauxa soportan la emisión de vertidos sin autorización de sustancias peligrosas, superando en determinados momentos la norma de calidad ambiental de elementos como el selenio, arsénico, cobre, níquel, cadmio y cianuros, algo que que «no se trataba de una circunstancia ocasional, sino que se mantenía en el tiempo durante la época de aguas altas, incumpliendo continuadamente la Autorización Ambiental Integrada».
Según el Ministerio Fiscal, las analíticas de la Guardería de Aguas confirman que entre abril de 2015 y septiembre de 2016 que «las aguas del río Cauxa, debajo de los vertidos de la mina, incumplen la norma de calidad ambiental del selenio establecida para las sustencias peligrosas» sin la preceptiva autorización, siendo «cuatro veces superior a la que podría soportar el río Cauxa para cumplir la norma de calidad ambiental».
En referencia al arsénico, además, manifiesta que «las autorizaciones medidas en los vertidos sobrepasan, en algunas ocasiones, los límites que podrían ser autorizados, con unos valores tales que el conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de arsénico superior al doble de la que podría admitir el río».
En todos los casos, señala que todas las sustencias contaminantes «provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España», siendo consciente la empresa de estas emisiones «no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto en sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruído tres expedientes sancionadores a la mercantil».
Como consecuencia de los vertidos, manifesta la Fiscalía, el río Cauxa no cumple los objetivos de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), lo que supone un riesgo para el dominio público hidráulico por su elevado grado de persistencia y bioacumulación.
«DELITO CONTINUADO» CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
La Fiscalía considera que los hechos expuestos en su escrito de acusación «son constitutivos de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente y solicita que se imponga a la mercantil una pena de multa de 20 millones de euros, así como la suspensión de la actividad «hasta que acredite el cese de las acciones contaminantes».
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