Podemos pide explicaciones por la multa impuesta a un periodista que informaba sobre las protestas contra el bus de Hazte Oír en Sevilla

El pasado 29 de marzo el autobús con mensajes transfóbicos de Hazte Oír llegaba envuelto en la polémica a la ciudad de Sevilla. Al paso del autobús y frente al emblemático Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, tuvo lugar la protesta de varios centenares de personas. También estaban presentes numerosos periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que habían acudido al lugar para informar sobre los hechos. Uno de los periodistas allí presentes, Raúl Solís, ha sido sancionado con una multa de 150€ en virtud del artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que castiga “las faltas de respeto o menosprecio a la autoridad”. Solís, que portaba una cámara de vídeo con la que grababa la protesta, filmó a varios agentes mientras retenían a un menor de edad. Fue en ese momento cuando los agentes policiales lo identificaron. Hace tan solo tres días recibió la comunicación de la sanción administrativa que se le ha impuesto. La Asociación de la Prensa de Sevilla ha querido manifestar su “absoluto rechazo a la Ley Mordaza” y sea solidarizado con el periodista Raúl Solís. Se tiene constancia de que al menos otras dos personas, que protestaban contra el autobús de Hazte Oír, han sido también sancionadas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza.

Maribel Mora, la senadora andaluza de Podemos, preguntó el pasado 30 de marzo al Gobierno si se iba a cursar algún tipo de multa o sanción contra los y las manifestantes, recibiendo el 7 de mayo respuesta oficial del Gobierno en la que se afirmaba que “no consta ningún expediente sancionador relativo a los hechos”. Tal y como la senadora andaluza de Podemos afirma, “el Gobierno no tiene ningún escrúpulo a la hora de mentir, pero nosotras vamos a seguir insistiendo y no vamos a dejar de pedir explicaciones por lo que consideramos que es un auténtico atropello a los derechos civiles y al libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión”, ha manifestado Mora tras conocer las sanciones impuestas. Asimismo, Mora pedirá explicaciones al Gobierno por haber mentido y haberle ocultado información en una respuesta oficial a una senadora que ejercía su labor de control parlamentario al Ejecutivo.

La senadora andaluza de Podemos presta especial atención a la situación de vulnerabilidad de los periodistas a partir de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y pregunta al Ejecutivo si “tiene conocimiento de cuántos periodistas en el ejercicio de sus funciones han sido sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana cuando cubrían profesionalmente protestas ciudadanas”. Mora pide también al Gobierno un informe, desglosado por Comunidades Autónomas, de las sanciones impuestas a profesionales de los medios de comunicación y le pregunta sobre “qué medidas va a tomar para garantizar el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo a Raúl Solís”, el periodista sancionado en Sevilla.

Podemos pregunta también al Gobierno “si ha dado órdenes para que se persigan y sancionen con más profusión aquellas expresiones de descontento ciudadano que son opuestas a la ideología del partido del Gobierno, es decir, el PP”. Mora pregunta que, de no ser así, por qué se sanciona administrativamente a quiénes protestaban contra el autobús de Hazte Oír y, sin embargo, no se sanciona por un delito de odio a quienes difundían mensajes transfóbicos y homofóbicos. Igualmente, la senadora andaluza de Podemos pide conocer cuántos expedientes sancionadores relacionados con el ejercicio del derecho a manifestación se han impuesto “bajo el mandato nefasto y negro para los derechos civiles de la anterior Subdelegada del Gobierno en Sevilla, Doña Felisa Panadero”. Igualmente, la senadora Mora reclama información sobre el número de expedientes sancionadores impuestos por su sucesor, Ricardo Gil-Toresano, así como las cifras referentes al resto de provincias andaluzas.

La Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, cuestiona en su informe anual el régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana y afirma que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción”. La senadora Maribel Mora pregunta también al Gobierno si va seguir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo derogando, o cuando menos modificando sustancialmente, la conocida como Ley Mordaza.