La Confederación de STEs-intersindical considera necesario revertir los recortes para la mejora de la docencia y atención al alumnado

Comunicado

La ministra de educación anunció, como una de sus primeras y más importantes medidas, la reversión de los recortes que venía padeciendo el sistema educativo desde la etapa del gobierno anterior. Concretamente, se anunció la inmediata derogación del Real Decreto Ley 14/2012 y la posibilidad de que las Administraciones con competencias educativas pudieran anticipar las consecuencias de este cambio a lo largo del curso actual.

Desde entonces, en algunos territorios, las respectivas Consejerías de educación ya han eliminado la espera de los 10 días lectivos para cubrir sustituciones de profesorado y ya han empezado a reducir las ratios y las horas lectivas del profesorado de Infantil, Primaria y resto de enseñanzas.

En estos momentos, con el texto del Anteproyecto de Ley que se presenta al Consejo Escolar, la decisión de Gobierno es aplazar (excepto lo referido a las sustituciones) la reversión de los recortes educativos al curso 2019/2020.

La consecuencia de esto es que, desde una perspectiva jurídica, aquellos territorios que han priorizado recuperar la calidad educativa y desde el 1 de septiembre han reducido las ratios y el horario lectivo del profesorado, se encuentran sin sustento legal para mantener estas medidas. Las implicaciones pueden ser muy importantes, tanto desde la perspectiva laboral, en tanto que han aumentado las plantillas para hacer frente a los horarios que son necesarios cubrir y multitud de docentes pueden ver cuestionado el futuro de sus contratos, como desde la perspectiva jurídica, al verse expuestos a posible denuncias, problemas con la Intervención, etc.

Desde la Confederación STEs-Intersindical no podemos más que exigir que se retome la intención inicial, manteniendo la redacción original en este borrador de anteproyecto de ley que permita anticipar a lo largo de este curso 2018/2019 la reversión de los recortes, dando la garantía necesaria para que las Administraciones con competencias educativas puedan tanto mantener lo que ya han comenzado a aplicar como permitir que se vayan implementando las medidas mencionadas a lo largo del presente curso, frenando, tal y como se expresa en la exposición de motivos del anteproyecto de ley, la continuación del detrimento en el nivel de calidad de la enseñanza y en el desempeño de la docencia.

Queremos, además, manifestar la necesidad de que se eviten en un futuro grandes desigualdades entre los diferentes territorios a la hora de regular la jornada lectiva del profesorado, por lo que estimamos necesario que en este anteproyecto de ley se regule la jornada máxima del mismo, que en ningún caso debe ser superior a las 23 horas en Infantil y Primaria y a 18 en el resto de enseñanzas. Respetando siempre las competencias de cada Administración educativa.

                               Madrid, 2 de octubre de 2018.