Plataforma por una Fiscalidad Justa contra la supresión de impuesto de patrimonio

En el debate de investidura para elegir al presidente de gobierno, los portavoces han defendido la necesidad de un sistema fiscal progresivo, suficiente y equitativo; que se combata el fraude fiscal, se amplíe la cobertura de necesidades de la ciudadanía y se mejore la financiación autonómica.

La Plataforma por la Justicia Fiscal reivindica el papel de los impuestos para distribuir la riqueza y hacer realidad la necesaria y exigible solidaridad de unos con otros en un estado democrático.

Por esa convicción, la Plataforma por la Justicia Fiscal denuncia la supresión de hecho del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid que agrava la amenazadora y creciente desigualdad y resta recursos necesarios a las administraciones públicas, responsables de asegurar las condiciones mínimas para una vida digna de toda la ciudadanía. Consideramos que bonificar el 100% de la cuota del impuesto en Madrid es contrario al interés general y a la justicia, además de contradictoria con las palabras de los portavoces parlamentarios de los partidos políticos en el debate de investidura. Por todo ello hacemos la siguiente declaración:
 

A favor del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid

La política fiscal que tiene la Comunidad de Madrid no cumple los criterios de una hacienda moderna que cumpla los principios constitucionales de suficiencia, equidad y progresividad.

La Comunidad de Madrid tiene desde hace años déficit fiscal, gasta más que ingresa, y no es mayor por la política de retrasos, listas de espera o morosidad en la contratación y pago de sus actuaciones y compromisos.

Además, no podemos olvidar la asimetría de reducción del déficit de Estado y las Comunidades Autónomas, asumiendo éstas porcentaje mayor al de aquél, a pesar de tener las mismas el peso de la prestación de servicios universales de educación, sanidad o dependencia. O la controvertida política fiscal o de Seguridad estatal con amnistía fiscal a defraudadores, reducción de impuestos directos, aumento de indirectos y agujeros en la Seguridad Social por prestaciones o beneficios sociales que debieran compensarse en los Presupuestos Generales del Estado.

A la insuficiencia del sistema fiscal estatal y autonómico madrileño, se suma la falta de equidad, por pagar igual sea cual sea la fuente de ingreso o de riqueza, y la ausencia de progresividad.

La falta de equidad en el caso español se demuestra por el sistema dual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pues según sean las rentas del trabajo o del capital, tienen tipos impositivos diferentes, siendo los más altos para las rentas del trabajo. Pero también la falta de equidad seda por la posibilidad de utilizar la capacidad normativa de los impuestos de cada Comunidad Autónoma, propiciando una carrera a la baja en tipos y condiciones que perjudica a toda la ciudadanía y supone una inaceptable competencia fiscal entre las Comunidades Autónomas. Es preciso, por tanto, acordar mínimos impositivos y que sobre los mismos cada Comunidad Autónoma pueda fijar sus propios tipos. O reformar de raíz la Ley de Financiación Autonómica y los Conciertos Económicos.

En el caso madrileño, esta situación de competitividad fiscal, así como de falta de equidad y progresividad del sistema fiscal, llega a la máxima expresión con la reiterada postura de los últimos Gobiernos del Partido Popular, hoy con el Partido Ciudadanos, de conceder un beneficio del 100% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. Caso único en el Estado, sean cuales sean los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, que se aleja radicalmente de mayor armonización fiscal y favorece a los más adinerados de la Comunidad y a quienes cambien su domicilio fiscal.

En Madrid no se paga el Impuesto sobre el Patrimonio. Esa medida beneficia a los 14.000 propietarios más ricos de la Comunidad, a quienes se acogieron a la generosa amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda y a quienes ocultan su dinero en paraísos fiscales. Además, el impuesto sobre el patrimonio no resulta muy gravoso, habida cuenta de que el tipo medio a pagar en el resto de comunidades es en torno al 0,74%.

Se considera que, suprimiendo la actual exención, recuperando un impuesto sobre el patrimonio real, se recaudaría en torno a 1.000 millones de euros. Cantidad que permitiría pagar un tercio del déficit madrileño y paliar el desastre económico de las autopistas radiales y otros desaguisados impunes políticamente. Miles de profesionales de sanidad, educación o dependencia podrían ser contratados, se reducirían las listas de espera, se atendería a más personas dependientes y se podrían abordar inversiones necesrias.

En lugar de hacer políticas de estado y fortalecer un sistema fiscal suficiente, equitativo y progresivo en Madrid, se hace todo lo contrario para favorecer la deslocalización fiscal, la injusticia y la aristocracia de la riqueza.

Es hora de que en los nuevos Presupuestos de la Comunidad de Madrid se corrija esta distorsión y se normalice, como en el conjunto del Estado, el mandato de que todos y todas contribuyan a la hacienda en función de renta y riqueza, de forma progresiva.

Apoyar o no que el Impuesto sobre el Patrimonio grave en Madrid como en el conjunto del Estado medirá la preferencia de los partidos madrileños (y estatales) por la justicia fiscal, al cobrar impuestos justos los más pudientes en beneficio de la ciudadanía. O, por el contrario, actuar como defensores de quienes más tienen.

Por todo lo expuesto, exigimos que se vuelva a recaudar completo el Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid como se hace en el resto del Estado.

Organizaciones que apoyan esta declaración:

Alianza Española contra la Pobreza, ATTAC, CCOO, Confederación de Consumidores y usuarios (CECU), Consejo General del Trabajo Social, Consejo de la Juventud de España, EAPNE (Red Europea contra la Pobreza de España), Economistas Sin Fronteras, Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda), InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Oxfam Intermón, Publiquen Lo que Pagan, UGT y USO