PSOE y C’s arremeten contra la Ley de Dependencia en Parlamento y Diputación de Sevilla

Desde la Plataforma recibimos la actitud de PSOE y C´s tanto el pasado miércoles 28 en el Parlamento de Andalucía, mísmo día en que nos concentramos unas 40 personas de nuevo pidiendo alguna información a Delegación de Bienestar así como el jueves 29 en la Diputación Provincial de Sevilla, como otro duro gólpe asestado, sin la menor consideración, contra las 25000 personas que hoy esperan plazas públicas de residencia, no por esperado es menos indignante, en la primera ocasión tumbaron en pleno parlamentario todas y cada una de las enmiendas dirigidas a actuar con algo de sensatez y humanidad con la que hoy sigue siendo la mejor residencia 100 % pública andaluza, enmiendas que sencillamente trataban de asegurar algo que esta plataforma pide, presupuesto para reformarla y reforma sin necesidad de traumáticos traslados, a la petición de algún tipo de documentación que justifique el traslado provisional, definitivo o cierre de la residencia mantienen la mísma actitud desde hace 7 años, silencio y ninguneo con los familiares de las víctimas del cierre, sobre C´s que antes no existía solo podemos destacar la fría tranquilidad con la que ha asumido las ordenes de la Sra. Díaz, de hecho a lo único que se habían comprometido era a averiguar si existía algún informe en ese sentido para poder seguir hablando a partir de un supuesto motivo real para traslado, no es un gran compromiso pero se lo agradecimos como suficiente, resultó no solo en vía muerta sino que además cortaron en pocos días cualquier tipo de comunicación con esta Plataforma haciendonos un vacío hasta culminar la tropelía en las votaciones. No igual pero con semejantes tintes ha sido la actitud de ambos partidos en pleno de Diputación de Sevilla, la diferencia es que en este caso el PSOE no necesita para nada de su incondicional apoyo ya que sin Ciudadanos también podían cargar y cargaron contra nuestra gente mayor, esto permitía a estos últimos mantener una actitud de relativa imparcialidad sobre el sangrante problema y culminando la jugada con una astuta ausencia a la hora de la votación.

En ambos plenos hubo presencia de familiares de las víctimas, nos llama la atención y roza lo ridículo la acusación que hicieron contra el concejal que defendía la moción en defensa de la Residencia, Julián Moreno de Participa Sevilla, al que llamaron «paranoico» o «estar obsesionado con la privatización» negando que la eliminación de esas 200 plazas públicas fuese una privatización, a lo que logicamente queremos hacer una reflexión para mejor comprensión de que es y que no es privatizar; si te digo que para operarte de la rodilla debes esperar 18 meses y para entonces estará peor o simplemente no puedes permitirte la espera, ¿te estoy obligando a acudir a la privada? ¿estoy incentivando el crecimiento y la clientela de la privada?, bien, pués el servicio público que supone el cuidado de nuestra gente mayor es lo mísmo, si hoy existen 200 plazas 100% públicas y mañana no existen, ¿a dónde debes recurrir cuando necesites plaza?, ¡exácto! al negocio privado y procura tener solo para eso 1500€ en adelante o te irás muriendo sin hacer ruido, como ahora ocurre en miles de hogares andaluces, antes de recibir ayuda alguna, hay por tanto muchas tácticas para fomentar lo privado, eliminar lo público es de las más descaradas, así que aquí la única obsesión es la del PSOE por quedarse, según parece, con un terreno muy jugoso una vez eliminada, según parece para este partido, la muy «molesta residencia».

Queda claro que para hacer este tipo de políticas extremístas contra la mayoría de las personas poco importa ir de naranja o utilizar el rojo, es el caso de Andalucía que las sufrimos igual que otras comunidades bajo esta radical combinación cromática. Debe quedar claro que si bien las mayorías institucionales que hacen política para enriquecer a unos pocos y perjudicar a gran parte de la gente juegan claramente hoy en contra nuestra no entendemos en ningún momento que sea la única vía de lucha legítima y la última palabra estará por decir mientras esas 125000 familias andaluzas decidan luchar para evitar está enésima tropelía social, además debemos tener en cuenta que si a pesar de no tener informe (motivo real) alguno para traslado o cierre se empeña en llevarlo a cabo volvería a estar, una vez más, al márgen de toda legalidad, no hablamos de que estaría violando cualquier ley de poca enjundia, estaría nada más y nada menos que volviendo a quedar al márgen de la Constitución, esa que con la boca dicen que es intocable pero con la mano cada día la tocan y también supondría una evidente violación de los Derechos Humanos, no expresamos esto porque pensemos que les importe dar la espalda a la legalidad internacional sino simplemente por situar un poco la realidad del panorama sociopolítico que sufrimos.