El Gobierno del PP utilizó fondos reservados para destruir pruebas sobre su financiación ilegal
- Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar.
- La mayoría eran “operativos ciegos” que en realidad creían que estaban auxiliando al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa, según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato.
El gobierno del Partido Popular destinó 500.000 euros de los fondos reservados para proteger el partido de las investigaciones del caso de la caja B y espiar l’extresores del partido, Luís Bárcenas. Un juez condenó en mayo del 2018 el partido por financiación irregular.
Según informa la Cadena SER, el ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz destinó entre el 2013 y el 2015 medio millón de euros a la operación Kitchen, a través de la cual el comisario Villarejo espiaron Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas que pudieran comprometer dirigentes del PP.
Espionaje y secuestro
Los 500.000 euros se destinaron a sobornar el que fue chófer de Bárcenas, colocar cámaras y micrófonos en el domicilio del extesorero del PP y hacer seguimientos a la familia, según la información secreta en la cual ha tenido accès la emisora y que forma parte de la investigación de la llamada operación Kitchen. la investigación está a cargo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
Los investigadores sostienen que con estos fondos se pagó un falso cura que secuestró a punta de pistola a la mujer y el hijo de Bárcenas para conseguir pruebas de la caja b.
Los fondos reservados están sometidos a un control especial y es sólo el ministro de Interior quien puede determinar la finalidad y el destino de los fondos, que según la ley, se tienen que utilizar en defensa de la seguridad del Estado.
El secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa de la llamada operación Kitchen, Francisco Martínez, fue quien aprobó el uso de estos fondos reservados.
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