Izquierda Unida lleva al Congreso el problema de la vulneración de derechos de la ciudadanía que practican algunas administraciones locales de la España vaciada

Izquierda Unida lleva al Congreso la vulneración de derechos de la ciudadanía que practican determinadas administraciones locales de la denominada España vaciada. Algunas de estas situaciones acaban engrosando las quejas que se presentan al Defensor del Pueblo e incluso se incluyen en el informe que esta institución remite anualmente al Parlamento.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el diputado de esta formación por Cádiz, José Luis Bueno, han registrado una iniciativa para que el Gobierno se pronuncie sobre “¿qué actuaciones piensa llevar a cabo tras los informes del Defensor del Pueblo que ponen de relieve las dificultades específicas que tienen los ciudadanos en pequeñas localidades de la España vaciada y que se suman a otras carencias básicas?”.

En esta misma línea, la pregunta parlamentaria escrita dirigida al Ejecutivo inquiere también sobre “¿qué medidas concretas va a tomar para atender las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo respecto a la negación de derechos a los ciudadanos por parte de determinados ayuntamientos, como la posibilidad de empadronarse en dichas localidades?”.

A modo de ejemplo, en la introducción de la iniciativa se menciona el ejemplo de las quejas presentadas por concejales y vecinos del Ayuntamiento de Heras de Ayuso (Guadalajara) “por la negación de empadronamientos en el municipio, no facilitar la asistencia pública a plenos ordinarios, no dar respuesta expresa a los requerimientos que se formulan (…) el cierre del Ayuntamiento en las horas de atención al público, y por no enviar la documentación solicitada a los domicilios indicados por los ciudadanos”.

Los parlamentarios de Izquierda Unida recuerdan que debido a esas quejas “el Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones y sugerencias, que han sido rechazadas por esa corporación, por lo que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ha llevado este asunto en los informes anuales remitidos a las Cortes Generales”.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha fue también advertida reiteradamente del comportamiento de este ayuntamiento, de su alcalde y de su secretario “sin que haya actuado ni adoptado medidas para cumplir el mandato que obliga a la administración a estar al servicio de la ciudadanía”.

Ante esta situación, Enrique Santiago y José Luis Bueno plantean al Ejecutivo la posibilidad de “hacer un estudio sobre las deficiencias en el funcionamiento de las administraciones locales en los pequeños municipios que afectan a la garantía de los derechos de los ciudadanos”.

Los diputados de IU completan la iniciativa parlamentaria que firman preguntando al Gobierno si “da traslado con regularidad a las administraciones autonómicas de los informes presentados por el Defensor del Pueblo” sobre todas estas deficiencias en el funcionamiento de los servicios municipales, especialmente en las administraciones de la España vaciada.