Denuncian la precariedad laboral del personal de limpieza del Hospital de León
- Izquierda Unida exige a la Junta de Castilla y León que tome medidas para garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad.
- La formación política critica la privatización del servicio y las condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras y culpa a la Junta y al gerente del CAULE, Alfonso Rodríguez-Hevia González. El servicio ha costado 28 millones de euros para tres años.
Izquierda Unida de Castilla y León ha emitido un comunicado denunciando la situación del personal de limpieza del Hospital de León, “tras años de recortes y precarización laboral”, con un 25 por ciento menos de plantilla desde que el servicio fuera concedido en 2012 a SERALIA.
El coordinador autonómico, Juan Gascón, ha declarado: «La privatización de servicios esenciales como la limpieza hospitalaria solo trae consigo el deterioro de las condiciones laborales y la calidad del servicio».
En el año 2012 se le cede a la empresa (SERALIA) 20 minutos de jornada y 10 minutos del tiempo de bocadillo por un periodo de dos años a cambio de no hacer despidos.
A principios del 2013, tras acudir los representantes de los trabajadores al SERLA, se acordó congelar la subida prevista para ese año del salario y de la paga extra de octubre, una semana fuera del periodo de vacaciones y una categoría nueva, peón de limpieza, que no cobraría el plus de “penoso” que marca la ley. En el 2014 se negoció un nuevo convenio en el que se incluye lo fijado en el SERLA y el acuerdo de volver a la jornada habitual. Sin embargo, este acuerdo, diez años después, sigue sin cumplirse.
IU señala que se ha implantado un sistema de control mediante dispositivos electrónicos con el que se controlan los tiempos de determinadas tareas, pero no del total del tiempo que realmente se emplea, justificando unos tiempos de trabajo irreales, lo que lleva a una mayor carga de trabajo.
Según el comunicado, desde la cesión del servicio a la empresa Seralia, los trabajadores han sufrido una serie de recortes y modificaciones en sus condiciones laborales como la reducción de la jornada laboral y tiempo de descanso, congelación salarial desde 2013, creación de una nueva categoría laboral con menos derechos, la implantación de un sistema de control electrónico cuestionable y la disminución de la plantilla fija de 200 a 150 trabajadores.
Carmen Franganillo, coordinadora del área de salud, pide a la Junta que controle el cumplimiento de la normativa laboral aplicable, dado que “según la legislación, ella es la última responsable de supervisar el cumplimiento de los adjudicatarios de los contratos realizados por la propia Junta, y la legislación aplicable a la contratación establece en numerosos artículos la necesidad de tener en cuenta, a la hora de realizar contratos de servicios, concesiones, etc. el cumplimiento en materia laboral, e incluso, a la hora de establecer el valor estimado de los contratos”.
Además, el Artículo 201. De la LCSP, establece que “Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos …”
Carmen Franganillo, coordinadora del área de salud de IU, ha añadido: «Es inaceptable que los trabajadores tengan que acudir a los juzgados para hacer valer sus derechos más básicos, como el respeto a los turnos y descansos, y que la Junta ni siquiera controle a quién le da los contratos que pagamos todos».
La formación denuncia también prácticas como el envío de mensajes fuera del horario laboral y la negativa sistemática a conceder derechos laborales por parte de los mandos intermedios, cuestiones estas que han llegado al conocimiento de la formación de izquierdas. «La sobrecarga de trabajo está llevando a situaciones insostenibles, con hasta 30 personas de baja en momentos puntuales, lo que supone una merma importante de la plantilla», ha señalado Franganillo.
Izquierda Unida exige a la Junta de Castilla y León que tome medidas para garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio de calidad en la limpieza del Hospital de León, considerando la posibilidad de revertir la privatización del servicio.