Jubilad@s y Pensionistas de CGT hacen llegar sus propuestas a los partidos políticos valencianos para que aseguren pensiones públicas dignas

En la mañana de hoy, mayores de la Confederació General del Treball han recorrido las sedes de los partidos políticos valencianos con representación institucional para entregarles “opiniones y propuestas respecto al sistema público de pensiones al objeto de que sean conocidas y tenidas en cuenta por las organizaciones políticas que, en los próximos años, estarán presentes en los parlamentos valenciano y español”.

El documento registrado en las sedes de Esquerra Unida, Compromís, PP, PSPV, Podemos y Ciudadanos, está encabezado por una aclaración: “no compartimos en absoluto la versión que se viene lanzando a la sociedad de que se agotan los recursos para las pensiones y que, por tanto, hay que buscar fórmulas para recortar ese gasto social”, seguida de la reflexión de que esta “falsa versión” tiene como objetivo “ir preparándonos para el giro hacia las pensiones privadas”, por lo que se recuerda el artículo 50 de la Constitución Española, que “no sólo deja claro que el Estado es responsable de garantizar unos ingresos dignos a las personas mayores, sino que también es obligación de los poderes públicos revisar anualmente esas pensiones para que no pierdan poder adquisitivo”.

De esta manera, incidiendo en que el mandato constitucional “todavía no se aplica con todos los supuestos”, la Asamblea de Jubilad@s y Pensionistas de CGT València, integrada por los miembros más veteranos de la organización anarcosindicalista, propone en, primer lugar, un inmediato “incremento de las pensiones más bajas, hasta llegar a los 1.080 euros” y, en segundo lugar, “establecer desde ya y para años sucesivos la obligatoriedad de revisar, según el índice de precios del año precedente, la cláusula de revisión de todas las pensiones y subsidios”.

Asimismo, los pensionistas de CGT entienden en este sentido que “se deben derogar las reformas laborales y de pensiones cuya aplicación está suponiendo el retraso en la edad del retiro y la disminución de la cuantía de la pensión correspondiente. Máxime cuando estas medidas regresivas no están cumpliendo el objetivo de garantizar las pensiones futuras para el que, en teoría, se implantaron”.

“Nos cuesta entender”, prosiguen, “que en un país como España, con uno de los índices de paro más altos de la UE y con más de dos millones de jóvenes que se han visto obligados a emigrar, sea una buena idea la de tener a la juventud desocupada o trabajando en el extranjero y a las personas mayores en el tajo hasta los 67 años ¡o hasta los 70, como proponen algunas voces de personajes que han trabajado muy poco!”

En conclusión como alternativas a los recortes, proponen los siguientes medidas para su valoración técnica “porque son justas y asumibles” y aplicación ya que “solucionaría sobradamente el que se dice es el problema de la falta de liquidez del sistema público de pensiones. Gasto este de facilitar una vida digna a las personas mayores, que ya lo han dado todo a la colectividad”.

• Recuperación de los 65 años como edad de jubilación, para seguir avanzando de forma escalonada hacia los 60 años.
• Volver a los 35 años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión.
• Limitar y penalizar con más impuestos las horas extraordinarias mientras haya gente parada. Actualmente más de la mitad ni tan siquiera se cobran.
• Aumentar (en lugar de reducir) las aportaciones empresariales a la Seguridad Social, dejando de premiar con “tarifas planas” y otras bonificaciones la firma de contratos.
• Incremento de salarios (hoy son un 10% inferiores a los de hace 10 años) y un SMI de 1.080 € para aumentar los ingresos por cotizaciones de los trabajadores.
• Reducción de los contratos temporales y de la jornada laboral (hacia las 35 horas semanales), para que haya más personas en activo y, en consecuencia, más dinero cotizado para desempleo, seguridad social y pensiones.
• Implantación de una renta básica universal, para que nadie se vea en la obligación de aceptar ofertas de trabajo insultantes.
• Establecer impuestos por la instalación de operaciones informáticas y robóticas, ya que destruyen empleo (automoción, banca, distribución comercial, etc.).
• Cobrar un impuesto adicional a las grandes empresas que recurren a los ERE y ERTE, siempre que tengan beneficios.
• Persecución efectiva del fraude fiscal y de los impagos a la Seguridad Social.