La «Asociación para la transición energética» y el «Instituto de la ingeniería de España», germen del GEMPEC, volvieron a promocionar en 2021 el proyecto de tierras raras de Quantum Minería en Ciudad Real cuando ya había sido tumbado por la Justicia

La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha dado a conocer en su web que el 13 de mayo de ese año, cuando el proyecto ya había sido desestimado tanto por la Junta de Castilla-La Mancha como a nivel judicial por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJ-CLM) «ambas entidades vinculadas al lobby minero-energético, que a través de informes y seminarios buscan favorecer la implantación de megaproyectos como los mineros o de renovables», organizaron una mesa redonda sobre tierras raras en la que se defendió el proyecto de Quantum Minería en Ciudad Real como «una sencilla explotación, poco agresiva desde el punto de vista medioambiental, sencilla de gestionar y con bajos costes».

Para Sí a la Tierra Viva, la «sencilla explotación» citada en lo que califican como «puro y duro» acto de «greenwashing», se vino abajo al interpretar la Justicia que este proyecto, dividido de manera intencional en varias fases como «Matamulas» y «Rematamulas» para evitar la evaluación ambiental estratégica, habría afectado a 17.330 hectáreas de terrenos de alto valor ecológico y agrícola.

El colectivo recuerda que la sentencia del TSJ-CLM «no deja lugar a dudas» al evidenciar que la actividad extractiva de la mercantil Quantum Minería provocaría impactos ambientales insalvables, también al situarse en zonas próximas a espacios protegidos como la ZEPA «Áreas Esteparias del Campo de Montiel», valorando igualmente la importancia de la interconexión de las áreas naturales presentes en el territorio. Una zona, además, que cuenta con numerosas especies amenazadas como la avutarda, el sisón, la ganga, la alondra de Dupont, el alcaraván, el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido, el águila imperial, el milano real o el propio lince ibérico, verdadera especie de referencia en la comunidad autónoma.

Según explica la entidad «la resolución judicial, al igual que la Declaración de Impacto Ambiental negativa emitida por la Junta de Comunidades, también se fundamentó en la irracionalidad de las necesidades hídricas del proyecto en un área donde la sequía es omnipresente«. Este hecho fue confirmado además por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que denegó de manera tajante el aprovechamiento de aguas procedentes del embalse de la Cabezuela.

Por todo ello, Sí a la Tierra Viva ha pedido responsabilidad a los medios de comunicación a la hora de abordar las actividades de este tipo de asociaciones de marcado interés empresarial. «No lo llamen recomendaciones o sugerencias de entidades supuestamente promotoras de un mundo más limpio y sostenible. Llámenlo con todas las letras: greenwashing o lavado verde«, ha justificado, en una crítica que supone un toque de atención «a todos aquellos informadores/as que publican sin verificar, que legitiman sin razonar y que al final sólo contribuyen a potenciar las accciones de este tipo de entidades y grupos instrumentales de presión, como el GEMPE/C, el autodenominado Grupo Español de Materias Primas Estratégicas/Críticas, una suerte de asociación fantasma sin entidad legal conocida, que actúa privadamente en los despachos y que se afirma nacida para ejecutar las recomendaciones de un ciclo de mesas redondas colgadas en Youtube planteadas por el Instituto de Ingeniería de España con la colaboración de la Asociación para la Transición Energética.

El colectivo indica que «este tipo de actuaciones de los grupos de presión no promueven la información de servicio público sino que suponen únicamente un acto de desinformación interesada e intencional para promocionar el interés empresarial privado. Así se habla de compromiso ambiental, de sostenibilidad, pero la realidad es muy distinta». Para Sí a la Tierra Viva «es la trasmutación de lo insostenible en una actitud que socava la confianza de la ciudadanía y dificulta la nota de decisiones informadas por parte de la clase política».

«No olvidemos que este tipo de maniobras de entidades dedicadas por activa o por pasiva al lavado verde de proyectos de alto impacto ambiental van en la dirección contraria a la que la sociedad necesita para conseguir un modelo empresarial y económico verdaderamente sostenible, ya que desvían la atención de las iniciativas que sí son validas. Esto dificulta el avance hacia una economía circular, la reducción de emisiones de carbono, la protección de la biodiversidad y también perjudica en último término a las propias empresas al minar la confianza en sus prácticas y operativa afectando la credibilidad y los verdaderos esfuerzos realizados por aquellas compañías que se esfuerzan por mantener un compromiso medioambiental significativo», ha concluido la plataforma.