“Mi desahucio y la ansiedad por la falta de soluciones reales me han causado un aborto”

Comunicado

El 13 de Junio, Lidia y Santiago -una joven pareja madrileña en desempleo con 4 niños a cargo- vieron indefensos como la puerta de su vivienda era tumbada a mazazos por un desmesurado despliegue policial, culminando así otra barbarie de lo que ha supuesto el expolio de la vivienda pública en Madrid.

La vivienda de la que fueron desahuciados era propiedad de Blackstone (Fidere) uno de los fondos buitres a los que, en los años 2012 y 2013 tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid adjudicaron gran parte del parque de vivienda social, quebranto llevado a los tribunales por los afectados. Desde entonces, la emergencia habitacional no ha hecho sino aumentar y el resultado se traduce en miles de familias que impotentes pagan la factura del déficit estructural en materia de vivienda. Las consecuencias de la “privatización de la vivienda pública” se continúan pagando en el Madrid “sin desahucios” de Manuela Carmena y en el Madrid del “nunca más se volverá a vender vivienda pública” de Cristina Cifuentes, traduciéndose en un Madrid “de emergencia” donde la política de vivienda asequible es inexistente. Y, de aprobarse la reforma de la Ley del Suelo que propone el Partido Popular, en peligro de no recuperarse.

La familia de Lidia y Santi es como la de muchos precarios cuyos ingresos son insuficientes para costearse una vivienda. El SAMUR Social activó su protocolo habitual y la trasladó a un albergue en el que podrían permanecer un máximo de 5 días. Imaginen por un momento la situación de 4 niños durmiendo en un albergue en pleno curso escolar.

Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid fueron capaces de proponer alternativa habitacional adecuada para la familia y, transcurridos esos 5 días, Lidia y Santiago iniciaron una acampada frente a la Junta de Distrito de Carabanchel para exigir una vivienda digna. Un alquiler razonable que la pareja lleva tramitando mucho tiempo. En concreto, 15 años formando parte del largo listado de solicitantes de vivienda de la Comunidad de Madrid.

Desde el día 19 de junio se encuentran exigiendo una solución que no llega, y lo hacen en la calle, acampados, en lucha, sin otra alternativa viable, mientras vecinos y amigos les apoyan con comida y agua. En las redes sociales poco a poco se visibiliza la situación de la familia, e incluso algunos medios de comunicación se hacen eco de esta anormalidad democrática en la que participan niños que al volver del colegio se encuentran sin casa.

Ante esta crueldad y la falta de alternativas, hace dos días nos levantamos con una trágica noticia: Como consecuencia del estrés y ansiedad, Lidia había perdido el bebé que esperaban. Nada es casual y en la naturaleza de esta pérdida basta apuntar con el dedo a los responsables de que tiraran abajo la puerta de su casa, a la falta de soluciones de las Administraciones Públicas, y a lo que significa que te echen a vivir en un albergue con tus hijos o tener que acampar en la calle porque sencillamente tu situación no le interesa a nadie que tenga un cargo político y algo que explicar.

La primera pregunta, o la pregunta urgente es: ¿Quiénes son los responsables y cómplices necesarios?

Lidia explica que desde la concejalía del distrito liderada por Esther Gómez “se comprometieron (verbalmente) a conseguir un alquiler dentro del mercado inmobiliario, durante un período de 3 meses hasta que accediésemos a una vivienda de emergencia de la EMVS”. Este compromiso se consiguió el viernes 9 de junio después de paralizar el lunes el primer intento de desahucio y después de haber intentado prácticamente por todos los medios una solución, ya fuese solicitando un alquiler social al Fondo Buitre (Blackstone/Fidere), a la Cruz Roja (que nos dijo que ayudaría económicamente para afrontar un alquiler), a Cáritas, … “Pero todo se truncó cuando fuimos desahuciadas de nuestro hogar. Pues la ayuda económica de la Cruz Roja no se concretó, además la concejalía se limpiaba las manos ofreciendo otra “ayuda” bien distinta a la prometida. La nueva “ayuda” consistía bien en una habitación en piso compartido o bien un estudio de 1 dormitorio por 300 euros, pero ¿cómo nos metemos una familia de 6 miembros en 1 habitación? además con un contrato de alquiler que nadie nos va a hacer si tu aval es sólo una promesa de ayuda temporal del Ayuntamiento de hasta 200€. Es inviable. También nos dijeron de una vivienda en Valquemada (en linde con Ávila), pero los niños tienen su colegio, familia y raíces aquí, no queremos irnos tan lejos y además nos parece que es echar balones fuera. Tengo rabia e impotencia ante cómo te tratan, pero voy a seguir peleando por una solución estable. Las instituciones deben estar para proteger la vida de las personas, pero sólo se acuerdan de nosotras en la campaña electoral”. Su entereza no impide que la rabia se agolpe, pida respuestas y pida responsables.

Desde el área de Derechos Sociales, de la que es responsable Marta Higueras, se reconoce que 14000 personas aún esperan una vivienda social de la EMVS, 8000 en situación de emergencia. Se excusan en que “no tenemos patrimonio inmobiliario suficiente para dar respuesta a todas”. Mientras, desde la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (el antiguo IVIMA) todavía no han recibido respuesta. Si Cristina Cifuentes ha hablado con Fidere no se ha evidenciado que fuese para llegar a firmar alquileres sociales.

Frente a esta problemática, la Asamblea Popular de Carabanchel respalda y acompaña solidariamente a Lidia y Santiago en la acampada: “Se nos cae el corazón a los pies cuando, sin ninguna vergüenza, desde la Administración Pública te dicen que no hay viviendas, cuando las tienen tapiadas o con una chapa metálica por toda la Comunidad de Madrid. A lo que hay que añadir las rescatadas a la banca y la Sareb sin ninguna contraprestación social”.

En el caso de Lidia -y en general en todos los desalojos forzosos sin alternativa de vivienda que se están produciendo desde el inicio de la mal llamada “crisis”- se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y los derechos de la Infancia. En concreto, el art.3 de la Convención de Derechos del Niño de 1989 (que el estado español ratificó en 1990), el cual dice que el Estado debe velar por el interés superior del niño, por encima de los intereses de cualquier entidad pública o privada. Así como en el art.27 que expresa que los Estados miembros proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a nutrición, vestuario y VIVIENDA, entre otros. Al incumplirlo son desahucios criminales.

Con Lidia y su familia ha habido una notoria y cuando menos temeraria dejación de funciones por parte de la Administración Pública a nivel local, autonómico y estatal. Es por ello que exigimos una vivienda digna para Lidia y su familia donde sus hijos puedan crecer, realizarse y desarrollarse felizmente. No olvidemos que, a uno de sus hijos en camino, se le ha negado incluso el derecho a nacer por la opresión institucional ejercida, y las nefastas y obsoletas leyes que chocan frontalmente con DDHH Y DD de la Infancia. Son perjuicios más que suficientes para depurar responsabilidades, y la PAH no descarta ir incluso por vía penal ante la irreparabilidad de muchos daños.

La segunda pregunta obligada es: ¿¡Qué podemos hacer para que esto jamás vuelva a repetirse!?

Decenas de organizaciones del ámbito de vivienda han señalado la necesidad de una ley del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid, y tras la recogida de casi 80.000 firmas dicha Iniciativa Legislativa Popular está lista para su toma en consideración en la Asamblea de Madrid. Contiene medidas de sentido común que el Partido Popular ya podría haber cristalizado, si Ciudadanos cumpliera su función de hacer presión y recordarles que hay vidas en juego. Sin embargo, al ni siquiera posicionarse a favor de su debate, Ciudadanos es cómplice de la falta de soluciones por parte de la Administración. Con todo ello, el verdadero apoyo ciudadano a la valentía de Lidia y Santi es más necesario que nunca. Hartas de palabrería electoral, exigimos compromisos reales, por ser de justicia. Y si no, vayan desfilando los culpables, de cualquier color político.

Fdo. Coordinadora de Vivienda de Madrid