1-O: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña

Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.

Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.

Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.