«El delito de detención ilegal persiste hasta que no se identifique a la persona desaparecida»
Entre 1960 y 1990 se produjeron en nuestro país dos millones de adopciones nacionales anónimas, muchas mediando un pago. Los afectados estiman que un 15% de los casos fueron bebés robados a sus madres mediante engaño y posteriormente vendidos. Como resultado, miles de españoles desconocen aún hoy día que fueron niños robados.
El delito de detención ilegal persiste hasta que no se identifique a la persona desaparecida. Las madres afectadas por el robo de bebés denuncian el uso sistemático de drogas por parte de los centros para arrebatarles a sus hijos Se hace frecuente la pérdida de los historiales médicos de los bebés, «fallecidos» en circunstancias extrañas y poco detalladas. Entre 1960 y 1990 se produjeron en nuestro país dos millones de adopciones nacionales anónimas, muchas mediando un pago.
Irene Ronda González
No ha sacado más que dudas e incongruencias. Dio a luz en 1967, con 23 años, y para entonces ya tenía otros tres hijos. Al nacer el cuarto no llegaba a los tres kilos de peso, así que los médicos decidieron meterlo en una incubadora para que fuera ganando volumen. Al quinto día le dieron el alta, y como el niño seguía en la incubadora, Irene fue a casa para encargarse de los otros tres hermanos. El sexto día vieron la bebé en el nido, pero al séptimo, cuando ella y su marido acudieron al hospital, ya el bebé no estaba allí. Les dijeron que había muerto y que el hospital se encargaba del entierro.
A los pocos días la llamaron del juzgado para preguntarle cómo se puso de parto y para que firmara unos papeles. Actualmente Irene piensa que lo que firmó, sin saberlo, fue el trámite de adopción. Tiene indicios para ello: figura como bautizado el mismo día que nació, en todos los papeles aparece como Rafael Martín Gómez, cuando su segundo apellido debería ser Ronda, y en la copia del libro de familia que pidió en el Registro Civil ni siquiera aparece asentado. Por supuesto, el historial clínico ha desaparecido.
Muchos de los posibles culpables de tales delitos, principalmente el personal facultativo de los centros sanitarios y empleados del Registro Civil, viven todavía y el algún caso aún ejerciendo. Hay nombres de médicos que se repiten, como el de José María Sillero, que aseguran aparece en al menos ocho de sus casos.
Las madres afectadas denuncian la actitud obstruccionista de la Policía, así como una posible labor de destrucción de pruebas.
Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos.
Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos.
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