La factura de la luz del usuario medio se situó en 2019 en 854 euros, un 61,3% más cara que hace 15 años

853,80 euros. Ese ha sido el importe de la factura eléctrica para el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) durante 2019, un 61,3% por encima del recibo de hace quince años, que fue de 529,32 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que refleja también una bajada del 7,8% con respecto a 2018, año en que el recibo anual fue de 926,16 euros.

Si se compara con la factura anual de 2009, cuando se situó en 704,88 euros, la subida en una década ha sido del 21,1%. El informe de FACUA también indica que durante 2019, el recibo del usuario medio llegó a oscilar en un 23,5%, desde los 64,62 euros de diciembre hasta los 79,79 euros de enero.

A lo largo de 2019, el recibo del usuario medio sólo bajó de los 70 euros cinco meses. Así, se situó en 79,79 euros en enero, 75,37 euros en febrero, 72,39 euros en marzo, 73,09 euros en abril, 70,97 euros en mayo, 69,62 euros en junio, 71,82 euros en julio, 68,64 euros en agosto, 66,87 euros en septiembre, 70,08 euros en octubre, 68,79 euros en noviembre y 64,62 euros en diciembre. En sus análisis, FACUA utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

Reclama la bajada del IVA

FACUA considera positivas algunas de las medidas en materia eléctrica anunciadas por el futuro Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos pero las ve insuficientes. En este sentido, la asociación critica la incertidumbre que supone para los usuarios un modelo en el que las tarifas varían cada día y reclama que baje el IVA. Sumado al impuesto especial sobre la electricidad, los impuestos indirectos incrementan el recibo de las familias nada menos que el 27,19%.

En cuanto a la bajada del precio del término fijo del recibo anunciado en el acuerdo programático de Gobierno, FACUA espera que sea realmente drástica. En este sentido, recuerda que el precio del kilovatio (kW) se multiplicó por dos durante las legislaturas del PP de Mariano Rajoy. Así, en agosto de 2013 pasó de 2,32 euros (impuestos incluidos) a 3,78 euros y en febrero de 2014 a 4,46 euros, para luego experimentar una levísima bajada en enero de 2017, cuando se situó en los 4,36 euros en los que se mantiene en la actualidad.

Bono social

En lo que se refiere a la nueva reforma del bono social, FACUA espera que no sea más de lo mismo. Así, recuerda que el mismo anuncio se produce en todas las legislaturas y todos los modelos desarrollados hasta la fecha han sido un auténtico desastre, con descuentos poco significativos para la gran mayoría de usuarios que cumplían los requisitos para contratarlo, más allá del excesivamente limitado número de familias que han podido acceder a él.

Asimismo, FACUA considera positiva la modificación normativa prevista para eliminar sobrerretribución -conocida como «beneficios caídos del cielo»- que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado más que sobradamente sus costes de inversión.

PSOE y Unidas Podemos también han anunciado que el nuevo modelo de facturación eléctrica incorporará un precio más bajo para los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes. FACUA cree que la fórmula puede resultar interesante para reducir los recibos de las familias, siempre que la reducción sea significativa y el número de kWh con precios más bajos alcance unos mínimos aceptables y proporcionales al número de personas que residan en cada vivienda. Aunque la asociación advierte de que resulta fundamental la intervención sobre el sector para que las tarifas dejen de ser fruto de mecanismos que propician la especulación.

Participación de la sociedad civil

FACUA reclama al futuro Gobierno que dé a las organizaciones representativas de la sociedad civil la participación en el desarrollo de las políticas energéticas que les negó el anterior Ejecutivo socialista. No se trata sólo de llevar a cabo medidas que acaben con la carestía de la luz y los desproporcionados beneficios de las grandes energéticas, sino también de actuar contra los abusos y fraudes que de forma masiva se producen en el sector con una impunidad que debe acabar de una vez, advierte la asociación.