CGT exige auditoría y responsabilidades ante el fiasco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

El sindicato CGT ha expresado que «en plena burbuja inmobiliaria, y de la alta velocidad, al mismo tiempo que se desarrollaron las grandes infraestructuras de diseño y megalómanas, en Valladolid se ideó un plan para poner al servicio de la especulación los terrenos del taller de Renfe y de la estación, ubicados en la actualidad en el centro de la ciudad: trasladar el taller a las afueras y enterrar la estación. En estos terrenos se proyectaron miles de viviendas de lujo y dotaciones, enmarcadas en el “plan Rogers”. Para costear y gestionar dicha operación urbanística, se creó la sociedad pública Valladolid Alta Velocidad, con la participación de diversas Instituciones, donde se puede deducir un reparto de los posibles beneficios entre los participantes.

Para todo ello se pidió un macrocrédito a la otra pata de la operación, la banca, y se construyó el taller nuevo, dotado de los últimos avances y equipamientos, hasta que en medio del estallido de la burbuja inmobiliaria, y del empobrecimiento social, el precio de los terrenos se desplomó, y toda la operación se vino abajo. De todo esto tenemos como resultado:

·         Un taller nuevo en la periferia de la ciudad, cerrado desde hace dos años y el taller viejo en el sitio de siempre con la estación en superficie.

·         Una deuda de 405 millones de euros, reclamada por el banco implicado y los proveedores de material.

·         Un montón de incertidumbres entre los trabajadores con la promesa rota de un aumento de las cargas de trabajo y de los niveles de empleo.

·          Una sociedad en quiebra que tramita su disolución y toda la ciudadanía pendiente de cuando van a costear esta nueva fiesta, que se suma a la de los aeropuertos sin viajeros, autopistas privadas que sociabilizan las pérdidas, estaciones gigantescas ideadas por arquitectos estrella, en medio de terrenos baldíos que  atienden a 4 viajeros diarios, sueldos astronómicos a estrellas de la inutilidad etc.

Esto se suma a toda una serie de actuaciones en materia ferroviaria, que han ido buscando llenar las arcas de grandes constructores al compás que se vaciaban los empleos y los trenes convencionales, que usan el 95 % de los viajeros a diario, subvencionando de forma indirecta el precio del viaje en ave, mientras se eliminan las tarifas sociales del ferrocarril público, poniendo wifi a bordo de los trenes de Alta Velocidad por 180 millones, mientras eliminan las necesarias inversiones de mantenimiento de la red de cercanías y regionales y en definitiva, expoliando un servicio público esencial más a la sociedad.

Es por todo ello que desde CGT exigimos una auditoría independiente, que ponga luz y claridad en este nuevo episodio oscuro de gestión de lo público, que se ponga nombre a los responsables y que esta vez no sea la ciudadanía la que pague la factura de este episodio».