Ecologistas en Acción reclama una normativa estatal que regule el estado de los pozos

Ecologistas en Acción lleva años denunciando ante las administraciones el descontrol que existe con los pozos en nuestro país, como demuestra el hecho de que, en 2006, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estimara en 510.000 los pozos ilegales que existían en nuestro país. En la actualidad ese número es muy superior.

A esta situación de ilegalidad generalizada hay que añadir el hecho de que apenas se exijan medidas de protección para evitar que los pozos, cuando se abandonen, no constituyan un riesgo para las personas y los animales. Existen diseminados por el territorio español miles de pozos abandonados, que no disponen de ningún tipo de señalización y protección. Con los años se enmascaran con la vegetación que crece a su alrededor, con frecuencia caen animales, tanto salvajes como domésticos, y ocasionalmente personas.

A esos pozos hay que añadir los de antiguas explotaciones mineras, que en muchos casos tampoco cuentan con ningún tipo de señalización o protección. Asimismo, esos pozos abandonados han sido en muchos casos también responsables de la contaminación de los acuíferos. En unos casos por comunicar a través de los mismos sustratos superiores con otros más profundos, por lo que llegó a estos últimos la contaminación difusa derivada de la actividad agraria desarrollada en la superficie. Y en otros casos por haberse vertido directamente en los propios pozos residuos sólidos y líquidos contaminantes.

Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que ponga en marcha un plan a nivel estatal para la clausura progresiva de todos los pozos ilegales que existen en el país. La organización ecologista también reclama al ministerio que, dado que la normativa vigente resulta un tanto vaga y ambigua, elabore una normativa detallada donde se determinen las acciones que los propietarios de los terrenos en los que existan pozos, abandonados o no, tengan la obligación de llevar a cabo, para evitar riesgos para las personas y animales como la obligatoriedad de sellar adecuadamente el pozo abandonado con tierra y hormigón o el establecimiento de brocal y una tapa de hierro con candado. 

Por último, Ecologistas en Acción solicita a la Federación de Municipios y Provincias que inste a los ayuntamientos a que procedan con sus propios medios a la detección de todos los pozos abandonados que pudieran existir en su término municipal, así como que lleven a cabo en los mismos las medidas preventivas de urgencia necesarias para evitar que sigan siendo un riesgo para las personas y los animales.