Entidades de defensa ambiental piden una moratoria al eucalipto en Asturias
La Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), la Asociación Ereba Ecología y Patrimonio, el Colectivo Ecoloxista de Avilés, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Geotrupes, el Grupo Ecologista Cangues Azor (GECA), la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y SOS Cuideru solicitan al Gobierno del Principado y a los grupos políticos de la Junta General una medida equivalente a la tomada recientemente por la Xunta de Galicia, que sigue la estela marcada por el Gobierno portugués en 2017.
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Para los colectivos «hay que recordar que el Plan Forestal del Principado de Asturias 2001-2060 establece que la superficie máxima de eucalipto permitida en Asturias será de 61.838 hectáreas, superficie que ya ha sido superada según los últimos datos conocidos«. Sin embargo, para las entidades, el Gobierno asturiano «sigue permitiendo la plantación masiva de esta especie sin ninguna restricción, de tal modo que ya hay concejos donde más del 80% de superficie arbolada está ocupada por eucaliptos».
Por otra parte -recuerdan los grupos- el comité científico del Ministerio de Transición Ecológica constató, con los datos técnicos disponibles «el carácter invasor» de las especies de eucalipto naturalizadas en territorio peninsular. Por este motivo recomienda «extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones», el seguimiento local y las correspondientes medidas de erradicación «antes de que se produzca la invasión».
Para las entidades «es bien conocido el carácter pirófito de estos cultivos de eucalipto, lo que incrementa los riesgos ante un escenario en que los incendios son cada vez de mayores dimensiones«. Además «los monocultivos de eucalipto reducen la biodiversidad y la riqueza paisajística y rompen la multifuncionalidad del monte, valores todos ellos de conservación prioritaria».
ILEGALIDAD URBANÍSTICA SEGÚN LA LEGISLACIÓN ASTURIANA
Las organizaciones denuncian que muchas de las nuevas plantaciones de eucalipto «se están llevando a cabo en suelos de interés agrícola» y «sin la pertinente modificación de la calificación de los terrenos», lo que significa que «son ilegales según la legislación urbanística de Asturias.
Por todo ello, exigen que se cumpla con la normativa, que a su juicio «ha sido reiteradamente incumplida en cuanto a los límites establecidos en el Plan Forestal» y, a la vista del nuevo marco que se tiende, «se establezca una moratoria inmediata que desemboque en una revisión profunda de la política forestal asturiana».