Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación sobre las 32 personas muertas encontradas en las costas de Beni Ensar y Melilla

Organizaciones de derechos humanos han reclamado una investigación exhaustiva ante las 32 muertes registradas en las costas de Melilla en lo que va de 2024, en lo que consideran una consecuencia de «las políticas actuales en la Frontera Sur de España, en el entorno de Melilla y Beni Ensar». La entidad Solidary Wheels y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDAH) han reclamado a través de un comunicado, una investigación exhaustiva de todas las muertes que se producen en las fronteras, incluyendo las causas y responsabilidades.

«No podemos permitir que el Mediterráneo continúe siendo la fosa común más grande de Europa. Es necesario un cambio radical en las políticas migratorias cuyo eje principal debe estar en el respeto a los derechos humanos y la priorización del derecho a la vida», han apuntado en su comunicado. «Exigimos a las autoridades españolas y marroquíes», han añadido.

Las organizaciones advierten con alarma que al menos 32 cuerpos sin vida han sido encontrados en las costas de Melilla y Beni Ensar en el primer trimestre de 2024. «El goteo incesante de cadáveres en nuestras costas no es consecuencia de un hecho aislado, sino una constante en el contexto migratorio de la Frontera Sur del Estado español, como se refleja en el incremento de noticias publicadas en los medios de comunicación», alertan.

Además, apuntan que las políticas fronterizas, lejos de desincentivar los viajes irregulares, con sus consecuentes peligros, tan solo han provocado un aumento, ya que «las personas se ven forzadas a asumir este alto riesgo debido a la restricción de acceso a vías legales y seguras ya existentes, como son los cruces fronterizos y el sistema de visados, que en la práctica, son totalmente inaccesibles especialmente para personas sin recursos».

Junto a la investigación pormenorizada de las muertes, las organizaciones pro derechos humanos reclaman medidas para impedir que se continúen produciendo estos sucesos, transparencia en las operaciones de rescate, y el restablecimiento de la total autonomía del cuerpo de Salvamento Marítimo.

Asimismo, reclaman el cumplimiento de la legislación internacional en el deber de auxilio en las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, y abandonar las políticas de «securitización y externalización» de las fronteras.