Enrique Santiago reprocha a Vox que “primero inundan de ‘fake news’ y ahora inauguran la era de las ‘fake laws’” con una “ley falsaria” sobre subida de sueldo a policías y guardias civiles

Jueves, 4 de junio 2020.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha reprochado esta mañana a Vox en el Pleno que con su “propuesta de ley falsaria” para subir supuestamente el sueldo a policías y guardias civiles lo único que buscan es “provocar el enfrentamiento entre españoles”. Dejó claro en su intervención que “el objetivo de esta proposición de ley está hoy alcanzado, es innecesaria”, tras los pasos dados por el actual Gobierno de coalición en años anteriores y “el tercer tramo de incremento salarial aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada”.

Santiago afeó con contundencia a los responsable del partido de ultraderecha que al presentar su iniciativa para el debate en el Parlamento Vox hacía “un flaco favor a los sindicatos policiales, al apropiarse de una reivindicación que han defendido la mayoría de grupos. Lo hace de forma oportunista, rompe la unidad de las fuerzas políticas y crea un problema donde no existe”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos destacó que en estos tiempos de “alta confrontación”, la propuesta de equiparación salarial entre los cuerpos policías del Estado con las policías autonómicas “es quizás de las pocas cuestiones que han concitado un alto nivel de acuerdo entre las distintas formaciones políticas”, y es “justo aplicar estrictamente el principio de ‘a igual trabajo igual salario’. Es una obligación de la Administración del Estado acabar con cualquier discriminación salarial entre los servidores públicos”.

Sin embargo, “en lugar de trabajar por alcanzar un amplio acuerdo, la ultraderecha convierte este asunto en un nuevo motivo de enfrentamiento”. Enrique Santiago denunció que “no tiene justificación alguna que estemos hoy debatiendo esta proposición de ley. Primero nos inundan de ‘fake news’ y ahora Vox inaugura la era de las ‘fake laws’, una ley falsaria”.

Detalló que ya se ha alcanzado una mejora retributiva sin precedentes para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “con una subida de un 20% respecto a los salarios de 2017 en menos de tres años. En total, 807 millones de euros destinados tanto al Complemento Específico Singular como a Productividad”. Esto significa entre 560 y 720 euros brutos más al mes en 2020 en relación a 2017.

“Es un inmenso esfuerzo colectivo -dijo- en reconocimiento a estos profesionales” y todo ello “sin haber podido aprobar la ley de Presupuestos, ni de 2019 ni de 2020, y en un contexto económico de inmenso crecimiento del gasto público por la emergencia sanitaria y social debido al Covid-19”.

Desmontó las mentiras de Vox recordando que “el tercer tramo de incremento salarial lo ha aprobado el Consejo de Ministros del pasado 26 de mayo. Una ‘cortina de humo’, acabo de oír aquí, un tanto cara, pues sería una cortina de humo de 247 millones de euros, nada más y nada menos”.

Santiago aseguró que “nos felicitamos por esta conquista laboral, que no habría sido posible sin el apoyo de los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil”. Al mismo tiempo, aclaró a sus rivales políticos que “en materia de apoyo a reivindicaciones laborales, a Unidas Podemos lecciones, las justas”.

“Esta equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una vieja reivindicación defendida en solitario por la izquierda política, en especial durante años por Izquierda Unida, y a la que ningún gobierno había atendido”, sentenció.

Hasta marzo de 2018 el Gobierno del PP no aceptó la propuesta que venían realizando las asociaciones y sindicatos policiales. “Pero ese Gobierno no adoptó medida alguna para cumplir el acuerdo, por lo que Jusapol tuvo que presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y Unidas Podemos votó a favor de su toma en consideración”, aclaró Santiago.

A la vez, Unidas Podemos siguió trabajando durante más de dos años para conseguir la equiparación mediante distintas proposiciones, enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y con la propuesta de creación de una subcomisión sobre el nuevo modelo policial.

El trámite de la ILP decayó con el fin de la XII Legislatura y fue nuevamente presentada en la actual legislatura, en diciembre 2019. “Pero ya era innecesaria, en octubre 2018 se aprobó el primer tramo de equiparación salarial, en abril 2019, el segundo, y en mayo de 2020 se ha aprobado el tercero, tras un intenso trabajo previo”, volvió a detallar el portavoz de Unidas Podemos en este debate.

Advirtió, además, que Vox ha utilizado “una técnica jurídica tremendamente temeraria: otorga a las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra la facultad de determinar el salario de los servidores públicos al servició de la Administración General del Estado”. Es decir, “nos proponen una irresponsable cesión o dejación de la soberanía política del Estado, desde la Administración central a las comunidades autónomas”.

“Si a Navarra -puso como ejemplo-, se le ocurre subir el salario a los 1.000 policías que tiene, eso obligaría a que la Administración central tenga que aprobar una partida presupuestaria 150 veces más grande. Eso es lo que están proponiendo, una renuncia a las competencias del Estado”.

Enrique Santiago afirmó que “hoy los aplausos se han trasladado de los balcones a las puertas de los ambulatorios, porque hay otros muchos profesionales de la Administración Pública que están mal retribuidos”. De ahí que lanzara la siguiente propuesta: “trabajemos todos conjuntamente para conseguir la equiparación salarial de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la justicia, de los trabajadores de prisiones, de los que nadie habla. Eso lo pudo hacer la derecha de este país en los ocho años de gobierno, pero nunca lo hicieron”.

El también responsable federal de Interior y Justicia de la dirección de Izquierda Unida hizo un llamamiento expreso a los/as profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que “no se dejen usar políticamente por ninguna fuerza, tampoco por Vox”.