Enrique Santiago destaca el avance legal en el desarrollo de la Fiscalía Europea y desmiente “contundentemente” que aplicar la norma de la UE suponga “la pérdida de la acción popular”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se ha felicitado hoy por la aprobación por amplia mayoría de la Ponencia y, posteriormente, el Dictamen del proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento del Consejo de la Unión Europea por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, que ha contado con el rechazo de PP y Vox en el Congreso.

Santiago señaló que se da así un paso “muy importante” en la “lucha contra fenómenos de corrupción”, en especial contra el blanqueo de capitales, y destacó “contundentemente” que en ningún caso la aprobación de la nueva norma supone la desaparición de la ‘acción popular’.

“Queremos hacer una puntualización -aseguró durante su intervención en la Comisión de Justicia-, porque a nuestro grupo nos ha preocupado mucho la posible pérdida de la acción popular. Quiero decir contundentemente que eso no ocurre, es un problema exclusivamente de denominaciones que tienen que ver con las definiciones y homologación de conceptos penales que existen en otros países europeos”.

El también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y su responsable federal de Justicia detalló que “en el artículo 36, tal y como ha quedado en la Ponencia, se reconoce claramente la condición de víctimas a las asociaciones y entidades a las que se reconoce su legitimación para la defensa de intereses que se han visto afectados por la comisión del delito investigado” y lo explicó “es decir, ‘defensa de intereses’, los mismos conceptos que se utilizan en la legislación española y en nuestra norma constitucional para justificar la existencia de la acusación popular”.

Por si quedaba alguna duda al respecto de esta cuestión, Santiago apostilló que “más allá de eso, el mismo artículo en su apartado 5º, a la vez que excluye el término acusación popular, a continuación incorpora la posibilidad de que la acción penal sea ejercida también por asociaciones y entidades a las que la ley, incluso la ley nacional en este caso, reconozca la legitimación para la defensa de los intereses que se han visto afectados por la comisión del delito investigado”.

El portavoz adjunto y ponente de Unidas Podemos en la tramitación de esta importante reforma orgánica para adaptarse a la normativa europea en materia de justicia reconoció que para su grupo “ha sido algo esencial” que la pervivencia de la acusación popular quedara recogida en el texto con todas las garantías posibles.

Apuntó que eso se había solventado “de una forma muy constructiva”, algo que agradeció especialmente a los servicios de técnicos del Ministerio de Justicia “que nos consta que han estado buscando una solución a algo que debía de tenerla porque, en todo caso, estamos ante un mandato constitucional y el resultado respeta ese mandato”.

Previamente, Santiago había mostrado su satisfacción por la aprobación de la Ponencia, entre otras razones “porque ya vamos tarde y muy justos para la adaptación de la normativa a lo que ordena el Reglamento del año 2017, que establece la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea”.

Insistió en que lo aprobado tiene una “gran trascendencia” por el esfuerzo que supone “para ir consolidando ese espacio común de justicia en Europa, en este caso para combatir delitos que afectan a los intereses generales de la ciudadanía de la Unión Europea”.

Además, destacó el importante avance “en la lucha contra fenómenos de corrupción, respecto a delitos contra la Hacienda Pública europea, en fraudes o la mala utilización de subvenciones y fondos europeos, por ejemplo, que han sido un grave problema en muchos países durante años”.

Señaló especialmente que el “combate” será más “eficaz” contra “un delito tan deleznable y que tanto daño causa como es el blanqueo de capitales”, ya que especialmente se contempla medidas para combatir a las organizaciones criminales que vienen lucrándose en este tipo de delitos, aprovechándose precisamente de la falta de construcción de un sólido espacio de justicia europea”.

Apuntó también al “esfuerzo fundamental” realizado por el Ministerio de Justicia y por los grupos parlamentarios que apoyan la acción de gobierno y agradeció también que “haya habido un amplio apoyo por parte de otros grupos, porque el reto es muy importante”.

A juicio de Santiago, “nuestro país tiene ante sí la necesidad de modernizar el procedimiento penal para entrar en uno claramente acusatorio con todas las garantías necesarias, y que se separe de ese modelo no sabemos muy bien si ‘inquisitorio’ o más bien ‘mixto’ que hemos venido arrastrando, en una situación un tanto anómala”.

Se mostró también muy satisfecho porque se dé “el primer paso para que sea ya la Fiscalía quien lleve el peso de la investigación penal ante un juez de garantías que va a verificar que todos los ciudadanos y todas las partes afectadas disfruten de todas las garantías en el proceso penal”.