iDental: un nuevo caso de especulación con la sanidad

Comunicado APDHA

Andalucía, 4 de julio de 2018. La salud bucodental es la gran olvidada por la sanidad pública,  actualmente  relegada casi en exclusiva al sector privado, que viene generando un nueva “burbuja” al estilo del sector inmobiliario, con el modelo de negocio ultra-liberal.

La empresa iDental nació en 2014 en Alicante bajo la marca iClinic, como un modelo de holding de diferentes sociedades limitadas que tenía como empresa matriz Dental Global Management , y era propiedad Antonio Javier García Pellicer y otro socio, Vicente Castañer Blasco.

Tras numerosas deudas, reclamaciones y huelga de sus trabajadores, en octubre 2017, la compañía fue adquirida por el office Weston Hill, a través de un fondo de inversión ad hoc: Maxwell Capital. Los consejeros delegados pasaron a ser José María Garrido y Luis Sans.

Las reclamaciones efectuadas, como mala praxis, una irregular prestación de los servicios, la falta de atención adecuada, tratamientos interrumpidos o sin empezar, después de haber dado una cantidad de dinero directamente o previamente a través de una financiera y la utilización de material experimental se han ido produciendo desde el año 2015. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que también tiene las atribuciones de consumo, no ha tomado cartas sobre el asunto, incluso cuando ya se anunciaba lo que ha ocurrido este mes con el cierre total de las clínicas y la eminente entrada en Concurso de acreedores.

Estamos ante una supuesta clínica low cost, a la cual acudían generalmente personas, la mayoría jubiladas, que no podían asumir los presupuestos en otras clínicas privadas y que utilizaban como reclamo  unas supuestas ayudas que en ningún momento fueron públicas. Se estiman 270.000 personas las afectadas a nivel estatal y 62.000 en Andalucía.

No estamos ante un caso aislado, sino ante una dinámica extendida en el sector, como muestran los ejemplos anteriores de empresas como Funnydent, Vitaldendt o Dentaly, que nos evidencia un modelo de negocio a base de franquicias que ha aprovechado el hueco abierto por las débiles prestaciones públicas en la salud dental, que es parcial y desigual según en el territorio del Estado en el que nos encontremos.

En Andalucía, la sanidad pública simplemente recoge los mínimos  de extracciones y algunas intervenciones graves para personas adultas como los programas más desarrollados de atención a la juventud.

No podemos separar estos fraudes de la defensa de un modelo sanitario público y universal, donde la descentralización de las materias no puede ser excusa para que la Junta de Andalucía entienda la sanidad dental como una parte más de la sanidad pública, donde la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria se basa en la idea de ciudadanía y residencia en el territorio, cumpliendo el principio de prevención que sitúa la atención primaria como pilar en torno al que se estructura el sistema asistencial.

La cobertura universal en salud debe ser efectiva, especialmente en relación con las necesidades de asistencia no cubiertas en colectivos vulnerables y debe garantizase un control minuciosos contras los fraudes de este tipo de clínicas dentales.

Por último, desde la APDHA mostramos nuestro apoyo a las asociaciones de personas afectadas y a las acciones emprendidas para defender sus derechos, como la concentración que tiene lugar mañana jueves 5 de julio de 10 a 12 horas a las Puertas del Parlamento de Andalucía y la manifestación del viernes 6 de julio, a las 20 horas, con salida de los Juzgados y llegada a la Plaza Nueva de Sevilla, ambas organizadas por la Asociación Sevillana de Afectad@s de iDental Sevilla (ASAI).

Estas son algunas de sus reivindicaciones:

1.       Conseguir la historia clínica de las personas afectadas.

2.       Paralizar los pagos pendientes a las entidades financieras y  devolución de lo ya pagado.

3.       Peritación de las personas afectadas por el Colegio Odontológico a cargo del Estado o del propio Colegio.

4.       Priorizar la atención de los casos más graves a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

5.       Control, investigación y vigilancia por parte del Estado a las clínicas dentales.

6.       Pedir que los tratamientos dentales estén incluidos dentro de la sanidad pública.