Operación Chamartín: Hay alternativa para el norte de Madrid

Comunicado de Izquierda Unida sobre la Operación Chamartín

En la primavera de 2015 se vislumbraba la posibilidad de apostar por un modelo de ciudad más sostenible y equilibrada que respondiera a las necesidades reales de la ciudadanía y dejase de lado los intereses especulativos. Porque el gobierno de la ciudad, en manos de Ahora Madrid, tras una primera y directa respuesta de paralización de la Operación Chamartín, puso en marcha un proceso de diagnóstico con la participación de Administraciones, grupos políticos, asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas, el propio Ayuntamiento y la promotora privada. El PP, a través del Ministerio de Fomento y ADIF, y la empresa dependiente del BBVA abandonaron finalmente la Mesa Política y Social para conquistar en los despachos lo que no podían defender públicamente.

Izquierda Unidad Madrid Ciudad considera que el acuerdo para el desarrollo de la Operación Chamartín firmado por el Ministerio de Fomento-ADIF, la empresa DCN y el Ayuntamiento de Madrid constituye un retroceso respecto a la propuesta municipal de 2016 y se reafirma en las características del último proyecto del Partido Popular. Izquierda Unida de Madrid denuncia que la nueva propuesta se ha olvidado del diagnóstico realizado mediante la participación ciudadana y que fomenta el desequilibrio norte-sur, renunciando a un modelo alternativo de ciudad para Madrid. Se retorna al modelo de ciudad adoptado durante años en el que se dibuja un esquema urbano con grandes desigualdades socioeconómicas norte-sur: se fomentan los usos terciarios y la vivienda libre de lujo en el norte de la ciudad, mientras se sigue manteniendo el grueso de la vivienda protegida, las zonas industriales abandonadas y la mano de obra de la clase trabajadora en el sur, generando tensiones territoriales y necesidades de movilidad insostenibles. 

A diferencia de otras operaciones urbanísticas legadas por el PP con un grado mayor de desarrollo, en las que el gobierno de Ahora Madrid contaba con un margen estrecho de actuación para introducir modificaciones, en la Operación Chamartín el Ayuntamiento cuenta con plena capacidad para cambiar el planeamiento, incluso para suprimir toda edificabilidad. La finalidad del suelo público no debe ser enjuagar la deuda o financiar a las Administraciones, sino contribuir al reequilibrio territorial de la ciudad. Por eso en Izquierda Unida consideramos que la prioridad de la política urbanística y de inversión pública debe centrarse en atender las necesidades sociales de los barrios existentes, antes que realizar otros nuevos, priorizando la actuación en las zonas más necesitadas. En este sentido, no es necesario recuperar los macroproyectos de la burbuja inmobiliaria como la Operación Chamartín, es urgente desde el punto de vista social construir los equipamientos adecuados en los cientos de parcelas vacías destinadas para ello en la ciudad.

Es imposible cambiar el carácter especulativo de la Operación Chamartín si se aceptan los parámetros fundamentales del Plan General de Ordenación Urbana heredado del PP y se abandonan los criterios establecidos en la Mesa Social.  Por eso cualquier modificación que está previsto realizar debe afectar a esos parámetros, y en particular:

• Reducir la edificabilidad lucrativa, como mínimo desterrando la idea de que las infraestructuras y los suelos protegidos generan derechos virtuales a edificar      (-50%).
• Equilibrar el reparto de usos entre residencia y actividad económica en cualquier propuesta de desarrollo urbano para la zona, de manera que el impacto en la movilidad de la ciudad no sea contradictorio con las políticas de reducir el acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas.
• Aumentar el porcentaje de vivienda protegida en cualquier desarrollo residencial para reflejar el grado de propiedad pública de los terrenos, estableciendo que toda la vivienda será pública y en alquiler. 
• Definir la dotación de equipamientos sociales considerando las necesidades de los barrios del entorno y las previsibles en el futuro, en vez de aplicar los mínimos legales (recortados por el PP en 2012). 
• Establecer la iniciativa pública del planeamiento y la ejecución del desarrollo urbano.
• Para dar respuesta a las necesidades actuales de movilidad en la zona norte hay que potenciar el uso del transporte público y mejorar su competitividad frente al coche realizando carriles bus en los accesos a la ciudad y ampliando la cobertura territorial de Cercanías.

Únicamente mediante el encaje de la medida en un modelo de ciudad más sostenible y equilibrado se contribuirá a reducir el desequilibrio social. Contribuir a salvaguardar los intereses de ADIF, BBVA y la constructora San José generados mediante especulaciones urbanísticas únicamente reportará mayor desigualdad en la ciudad e incrementará los problemas de movilidad y salubridad que ya tiene. Debemos apostar por un cambio radical en las políticas urbanísticas que no puede partir de otro punto que no sea la defensa de los acuerdos adoptados en las mesas sociales para este caso, y la respuesta a las necesidades de los barrios más vulnerables e infradotados.

Nuestro compromiso desde Izquierda Unida es acompañar la implementación de las medidas que finalmente sean propuestas desde Ahora Madrid. Es nuestro gobierno y la herramienta de unidad popular y confluencia que hemos escogido para la transformación de la ciudad de Madrid. Pero eso no impedirá la crítica y frontal oposición a aquellas decisiones que vayan en detrimento de nuestro modelo de ciudad, más sostenible, habitable y ecológico.