Laxitud de normas y beneficios de constructoras: qué hay detrás de la reforma de Ley del Suelo aprobada sin quorum en la Comunidad de Madrid

El pasado jueves, el pleno de la Asamblea de Madrid era escenario de un evento inaudito. Haciendo caso omiso del reglamento de la cámara, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad Martos, daba por aprobada una reforma legislativa votada sin la presencia de suficientes diputados como para establecer quorum. El reglamento, que especifica la necesidad de contar con 67 diputados en la votación, fue ignorado en un primer momento, dando por aprobada la modificación con 55 diputados presentes. Ante las protestas de los grupos de oposición, Unidas Podemos Izquierda Unida, Más Madrid y PSOE Madrid, Trinidad planteó, a las 21:00 horas y a punto de finalizar el pleno, repetir la votación, para lo que intentó encerrar a los diputados presentes en la sala. A pesar de contar con aún menos diputados en esta ocasión, 36, el presidente insistió en dar por válida la votación, considerando aprobada la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Un hecho inaudito, en un parlamento autonómico acostumbrado a los hechos inauditos y la dudosa ética parlamentaria. La misma cámara que en el año 2003 albergó el «Tamayazo», un escándalo de corrupción en el que dos diputados socialistas transfugaron para impedir la investidura de Rafael Simancas y elegir en su lugar a Esperanza Aguirre, vuelve a envolverse en la polémica.

Pero, ¿en qué consiste la modificación de la Ley de Suelo? ¿Qué transfondo tiene para llevar a la mesa de la cámara a incurrir en posible prevaricación para darla por aprobada con tanta prontitud?

La reforma es la principal apuesta del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y sus principales responsables económicos, el consejero de Hacienda Javier Fernández-Lasquetty, y el ahora marginado consejero de Economía, Manuel Gimenez, de Ciudadanos. Consiste, básicamente, en una rebaja de los requisitos para iniciar obras respecto a la ya de por si permisiva ley autonómica, en un intento de reimpulsar la construcción como principal actividad económica en la región. En su apuesta por regresar al pasado y fingir que la crisis económica causada por este modelo en 2008 y de la que el país aún no se ha recuperado del todo, más de diez años después, la reforma llega al nivel de suprimir la necesidad de licencias urbanísticas, sustituidas por declaraciones responsables de las empresas constructoras.

En realidad, aunque el ejecutivo trata de argumentar la necesidad de la reforma para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, la modificación de la Ley ya fue propuesta por el Partido Popular en la anterior legislatura. En aquel momento, le resultó imposible lograr su aprobación. Ahora, con la crisis sanitaria, especialmente grave en la Comunidad de Madrid gracias a la gestión del ejecutivo autonómico, que ha llevado la práctica del Laissez Faire a su extremo epidemiológico, el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos intenta su establecimiento con todos los medios a su alcance.

Los tres grupos de oposición han mantenido un frontal rechazo a la reforma desde el inicio de la legislatura. Durante lo últimos meses, han planteado la total impertinencia de una legislación que, en la práctica, pone en riesgo el cumplimiento de toda normativa urbanística, medio ambiental y laboral, poniendo en manos del sector de la construcción, poco dado a ser escrupuloso con las normativas, la posibilidad de emprender sus proyectos sin ningún tipo de fiscalización.

Por supuesto, las grandes empresas constructoras de la Comunidad celebran su aprobación. Grandes beneficiarias de la normativa, algunos quisieron ver en el repentino incremento en bolsa de la firma ACS (en realidad motivada por la oferta de una multinacional por su división industrial) la primera señal de que ya se asume como establecida.

Aprobación por lectura única

La ausencia de quorum en la cámara no es el primer escollo al que se ha enfrentado el gobierno autonómico en su intención de aprobar la norma. El ejecutivo buscó inicialmente establecer la modificación durante el periodo parlamentario extraordinario abierto en julio, tras los meses de parón justificados con la situación epidemiológica. Sin embargo, el rechazo de sus cómplices necesarios de Vox a tramitar por lectura única la modificación, frenó las intenciones del gobierno Ayuso. Pasado el verano, la formación de extrema derecha pareció recapacitar, aceptando su tramitación en el primer pleno ordinario celebrado el pasado jueves.

Sin embargo, la oposición advirtió desde el primer momento de que el reglamento de la Cámara supondría un obstáculo para las prisas del gobierno. La asistencia limitada a 70 diputados por la situación sanitaria, supone de facto una violación de los derechos de lo parlamentarios ausentes en caso de votación de una norma con rango de ley. A pesar de todo, continuaron adelante.

Ahora el escenario es incierto. La oposición adelantaba el mismo jueves su intención de acudir a los tribunales ante las irregularidades parlamentarias. Todo parece indicar que la historia de este intento por reimpulsar el modelo del ladrillo, continuará dando titulares en el futuro.