Izquierda Unida plantea una iniciativa en los ayuntamientos para que España salga del Tratado sobre la Carta de la Energía que “obstaculiza la transición energética”

Izquierda Unida ha puesto en marcha una iniciativa que está moviendo a nivel municipal en todos los ayuntamientos en los que tiene representación por sí misma o a través de los espacios políticos locales de los que forma parte para que desde las corporaciones locales se inste al Gobierno a sacar al Estado español del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), del que forma parte desde 1994.

El texto, con formato de moción, ha sido elaborado por los/as responsables de la Red federal de Energía de IU en estrecho contacto con grupos y movimientos asociativos en la materia. Detallan las razones de esta actuación y advierten de que este tratado “está teniendo un efecto inesperado en la soberanía de gran parte de los países signatarios”, con efectos como la “obstaculización de la transición energética, limitación del desarrollo de políticas sociales y endeudamiento de las arcas públicas de los Estados”.

Estos hechos constatados han motivado que un importante número de organizaciones de la sociedad civil y diversas administraciones plantee también al Gobierno central la salida del tratado en el mismo sentido que hace Izquierda Unida.

La Unión Europea (UE) y España aspiran a la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050, un objetivo indispensable para lograr los compromisos adoptados en el Acuerdo de París en 2015. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) alerta de la necesidad de reducir estas emisiones, que derivan principalmente de la quema de combustibles fósiles.

“Sin embargo -expone IU en su moción-, el TCE protege las inversiones realizadas en el sector de la energía, sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles” y “solo en Europa, la infraestructura fósil protegida por el tratado asciende a 344.600 millones de euros”.

Además, bajo el amparo del TCE “los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados signatarios cuando consideren que han legislado en contra de sus intereses económicos, presentes o futuros”. Estas demandas se amparan en el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) del tratado (artículo 26, que permite que se resuelvan ante tribunales internacionales de arbitraje, en lugar de hacerlo por la vía de los tribunales ordinarios.

Izquierda Unida destaca que “en este sistema no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados”, lo que garantiza a los inversores extranjeros gozar del privilegio de disponer de “mecanismos para cuestionar medidas legítimas impulsadas por los gobiernos” y que los “laudos resultantes de estas demandas sean inapelables”.

Numerosos países que han implementado medidas medioambientales y sociales han sido demandados y condenados a pagar sumas millonarias a inversores extranjeros bajo el TCE. Por ejemplo, después de aprobar una ley para eliminar la producción eléctrica a partir de carbón en 2030, Países Bajos ha recibido dos demandas por parte de las empresas alemanas RWE y Uniper. Reclaman al Estado holandés una compensación de 1.400 y 1.000 millones de euros, respectivamente. Italia se enfrenta también a una demanda de 350 millones de euros por denegar un permiso de exploración petrolífera a la empresa británica Rockhopper Exploration. A día de hoy hay 142 demandas conocidas contra los países signatarios del TCE y una cantidad reclamada de más de 52.000 millones de dólares.

La moción que IU lleva a los ayuntamientos explica de forma detallada que el Estado español es que soporta más demandas (50 en total) “debido a los cambios legislativos en los subsidios a las energías renovables entre 2008 y 2014”.

“Con 18 demandas resueltas a favor de los inversores, España ya ha sido condenada a pagar 971 millones de euros”, indica el texto, aunque “la suma total reclamada supera los 10.000 millones de euros”. A estas cantidades hay que añadirles “los costes de los laudos y de la defensa, que ya asciende a casi 70 millones de euros. Todas este dinero sale de los Presupuestos Generales del Estado”.

Izquierda Unida advierte de manera destacada que, además del impacto que tienen estas acciones en las arcas públicas, “la simple amenaza de demanda multimillonaria bajo el TCE tiene ya un efecto disuasorio en los gobiernos a la hora de llevar a cabo legislaciones importantes para la ciudadanía”. Un ejemplo es lo ocurrido en Francia en 2017, donde tras recibir una amenaza de demanda se rebajó significativamente el ambicioso contenido de una ley que pretendía prohibir la extracción de combustibles fósiles a partir de 2040.

Hace dos años se inició un proceso de negociación para modernizar el TCE y alinearlo con el Acuerdo de París. IU valora que, tras celebrarse hasta nueve rondas de negociación, “no han dado ningún resultado para poner fin a la protección de los combustibles fósiles, eliminar el mecanismo de resolución de controversias ISDS e incorporar mecanismos de acción climática vinculantes”. La propuesta de la UE se encuentra bloqueada y el proceso se ha alargado hasta 2022, sin una fecha de finalización concreta.

La iniciativa de Izquierda Unida apunta que España debe salir ya del TEC “ante la ausencia de avances en el proceso de modernización del tratado y la urgencia de desarrollar políticas públicas dirigidas a promover una transición energética justa, que priorice la protección de los intereses de la ciudadanía, las entidades locales y la sostenibilidad de nuestro planeta”.

El Tratado sobre la Carta de la Energía tiene un carácter multilateral en cuanto a las inversiones en el sector energético. Su ratificación por parte del Estado español en 1994 se produjo en un contexto de necesidades energéticas completamente diferente a las actuales, cuando se priorizaban las inversiones en combustibles fósiles. A día de hoy lo integran otros 52 países de Europa y Asia central, además de la Unión Europea en su conjunto y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).