UED crítica que se desvíe dinero de la renta básica al pago de deudas del SES

Comunicado Una Extremadura digna

Hemos conocido por los medios de comunicación que la Junta de Extremadura va transferir unos 4 millones de euros sobrantes de la Renta de Inserción Extremeña a otros menesteres de la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad basa su argumento para esta modificación de crédito a que ha disminuido el número de receptores de esta renta mínima y ha mejorado su situación económica tras la pandemia.

Consideramos que esta política de la Junta de Extremadura tiene por objetivo desmontar la protección social, tal y como lo considera el informe anual publicado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre la cobertura ofrecida por las rentas de inserción en cada una de las Comunidades Autónomas. El citado informe aclara que la política que llevan las CCAA está orientada a desmontar la protección social de las familias más desfavorecidas económica y socialmente.

En este sentido, tenemos que denunciar duramente esta política de la Junta puesto que lo que es necesario en estos momentos, cuando las dificultades de la vida se ensañan con los más pobres, son políticas sociales de extensión y apoyo a estas personas y familias. Por eso, sería necesario que con ese dinero sobrante se atendiera a muchas más personas que no cobran nada o tienen ingresos mínimos de miseria, y al mismo tiempo se incrementaran las cantidades que corresponden a las ayudas sociales hasta dignificarlas a valores que permitan un mínimo bienestar en vez de condenar a esta gente a la más absoluta miseria y abandono social.

Por otro lado, tenemos que denunciar el verdadero vía crucis que sufren las personas dependientes; estos grupos sociales encuentran una maraña burocrática para acceder a cualquier tipo de ayuda social. Los datos del Observatorio de la Dependencia indican que en vez de bajar el tiempo de resolución de los expedientes, éste ´muy superior al plazo legal establecido para apoyar y conceder las ayudas. En el conjunto del Estado se redujo de 430 días a 421 de media, aunque el plazo legal para aprobar las ayudas debe ser de 180 días, contabilizando la valoración del Programa Individual de Atención (PIA).