Castilla-La Mancha sienta precedente para la creación de una ley contra la minería de tierras raras
La resolución aprobada por mayoría absoluta por las Cortes Regionales el pasado día 2 de febrero sobre los efectos de la minería de tierras raras en la salud, el medio ambiente y desarrollo socioeconómico en Castilla-La Mancha abre las puertas a la creación de una norma similar a la que se pretende aprobar para blindar a esta comunidad autónoma frente a los proyectos de fracturación hidráulica.
El texto, aprobado por Podemos y PP frente a la negativa del PSOE castellano-manchego, insta al Gobierno regional a «reconocer la evidencia científica expuesta en múltiples estudios internacionales sobre los graves efectos negativos de la minería de tierras raras en la salud pública y el medio ambiente«, siguiendo la estela de los trabajos científicos dados a conocer por la Plataforma Sí a la Tierra Viva durante el mes de enero y el posicionamiento de otros organismos públicos consultados, que confirman las consecuencias negativas de esta actividad extractiva tanto sobre la salud humana (al afectar tanto a las comunidades como a los trabajadores de este tipo de explotaciones), como al medio ambiente y los ecosistemas.
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE QUANTUM MINERÍA S.L.
Además. se pide el dar cumplimiento de la resolución del Pleno de las Cortes propuesta por el Grupo Parlamentario de Podemos aprobada también por mayoría absoluta en las Cortes Regionales el 19 de mayo de 2016, en relación al Debate General relativo a la minería de tierras raras en la región (Expediente 09/DG-00053), que instaba entre otras medidas a proceder al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en la provincia de Ciudad Real afectadas por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que reconocía que los proyectos de Quantum Minería S.L. «condicionan el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de esta zona».
ELABORACIÓN DE UNA LEY CONTRA LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS
Por último, la resolución llama a «colaborar en la formación de un grupo de trabajo, integrado por fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia«, con el fin de elaborar una norma legislativa «que impida la minería de tierras raras en Castilla-La Mancha«