Iglesias señala al Gobierno Ayuso: «había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios»

Pablo Iglesias ha aclarado que el Ministerio de Sanidad dictó una orden en la que se facultaba a las comunidades autónomas, «en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o cada territorio concreto, atendiendo a principios de necesidad y proporcionalidad a intervenir los centros residenciales» en el momento en el que los contagios y las muertes por Covid-19 se hallaban en el pico de la pandemia, y ha añadido «¿De quién es la responsabilidad, señoría? ¿De quién?«.

«Ante la situación de saturación actual y por indicación de la dirección -estoy leyendo literalmente el documento del Hospital Infanta Cristina- no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital«. El documento en cuestión es un parte del hospital fechado el 25 de marzo, un día en el que ya se registraban 3.434 fallecidos, 47.610 confirmados, 3.166 en UCI y 5.367 altas, es decir, 738 fallecidos más que el día anterior. En esa fecha en la cual la curva de la pandemia era ascendente, las competencias correspondían al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como así ha demostrado el vicepresidente en la comisión al leer la orden del Ministerio: «se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden. Las medidas de intervención podrán conllevar el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otros centros residenciales, con independencia de su carácter público o privado y la adopción de las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes».

Las competencias «reforzadas» correspondían al Gobierno de Isabel Ayuso

«Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. ¿Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio Gobierno como de posiblemente ilegal?»

La Comunidad de Madrid no realizó inspecciones en las residencias privadas

Aquella orden, prosiguió el vicepresidente, sometió además los centros sociales “a la inspección de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. ¿Qué pasó con las inspecciones? ¿O es que había muchos corruptos al mando de esas residencias? Efectivamente, qué poca vergüenza”, subrayó Iglesias repitiendo la expresión que en ese momento le dirían desde las bancadas de la derecha, porque lo la orden del Gobierno central también otorgó a “las autoridades competentes de cada comunidad autónoma a dictar las disposiciones necesarias para garantizar la eficacia de esta orden”.

Lo que hizo el Gobierno de España, defendió el vicepresidente, “fue aumentar las competencias de las comunidades, darles 300 millones para contratar personal para las residencias” y otorgarles la facultad de repartir equipos de protección personal en la residencias al mismo nivel que en los hospitales. “¿Y qué hizo la señora Ayuso? No los digo yo, lo dice su propio consejero, de Servicios Sociales: probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas. Y ustedes tienen las desvergüenza de venir qui a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso”, concluyó.

A pesar de que PP y Vox negasen esas competencias, lo leído por el vicepresidente en la citada Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad está confirmado por el BOE y por la web de verificación Maldita.es:

• Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros.
• Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas.
• El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.

Actualmente, el ministerio que dirige Pablo Iglesias coordina los fondos extraordinarios para la contratación de personal y la compra de equipos de protección (EPI) para centros sociosanitarios que se aprobaron en marzo, pero las competencias sobre las residencias son de las comunidades autónomas, que ahora pueden intervenir en todos los centros, tanto públicos como privados, para garantizar sus recursos y solicitar información a los responsables de su gestión para enviarla al Gobierno […].

Una vez más, se confirman falsedades por parte de la oposición. Parafraseando a Iglesias, «PP y VOX llevan meses mintiendo sobre las residencias de mayores».