CCOO y UGT denuncian la hipocresía del Presidente de Correos

El problema de la prestación de servicio con vehículos particulares en Correos afecta a más de 5.000 trabajadores/as en todo el Estado. Estas personas asumen la obligación de aportar su vehículo particular (así está regulado tanto para el personal fijo, como para el eventual), y con ellos Correos mantiene una red que da servicio diariamente al 90% del territorio nacional, siendo una “herencia” de tiempos pasados que la empresa nunca ha tenido en su agenda de prioridades, por no asumir su coste. Esta situación ha sido objeto de gran polémica ante la multiplicación de envíos de paquetería, porque trabajadores/as y organizaciones sindicales han venido reclamando una mayor seguridad en la carga de paquetes en los vehículos de reparto rural.

En su línea de negar el diálogo social en la empresa pública, Serrano eludió entrar a discutir una verdadera solución, pero para evitar su más que posible responsabilidad penal en caso de accidente por no disponer los vehículos de elementos de seguridad para transportar la paquetería, el pasado mes de enero, sin consultar ni informar a las organizaciones sindicales, se licitó un contrato para adquirir 5.000 elementos separadores de carga para habitáculos de turismos, y unas redes de sujeción de carga. Estos elementos, presuntamente, se han distribuido por todo el Estado al personal fijo que presta servicios rurales, aunque ni siquiera existe certeza de que sean homologables como elemento de seguridad válido.

La sorpresa surge cuando, después de dotar de estos dispositivos al personal fijo, al personal eventual a diferencia de los primeros, también se les exige que costeen de su bolsillo la adecuación de los vehículos con medidas de seguridad adicionales, además de obligarles a firmar una cláusula en la que eximen a la empresa de cualquier responsabilidad en caso de sufrir un accidente durante el reparto. La comunicación al trabajador/a se realiza exclusivamente de forma verbal, en una clara prueba de la ilegalidad de la medida, añadiendo la “advertencia” expresa que, si no se acepta la imposición, no se le adjudicará el contrato, y no se volverá a trabajar nunca en Correos.

Serrano, nombrado por un Gobierno declarado progresista, utiliza métodos muy alejados de la línea de políticas progresistas, y la gravedad de los hechos es enorme, puesto que hablamos de un empleo público, al que se accede por mérito y capacidad desde bolsas de empleo temporal ordenadas y reguladas, que asignan el contrato en un orden determinado. La “presunta” amenaza caciquil de Correos vulnera la normativa interna, pero también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece claramente que El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores, e incluso el principio de constitucional igualdad en las condiciones de acceso al empleo.

CCOO y UGT denuncian que, mientras la empresa gasta más de decenas de millones de euros en patrocinios y costosas campañas publicitarias para vender una imagen personal de “buen gestor” del propio Serrano, o se destina un millón de euros a remodelar su propio despacho, de nuevo nos encontramos ante otra patada a la normativa y los derechos laborales en Correos, en esta ocasión utilizando métodos vergonzosos, presionando a los miles de trabajadores/as eventuales que, siendo el colectivo más vulnerable, débil y económicamente más precario, se obliga a incurrir en unos gastos que no les corresponde asumir y a cargar con cualquier responsabilidad, bajo la presunta premisa de no volver a optar a un puesto de trabajo en Correos.

CCOO y UGT advierten que ante estos hechos interpondrán un nuevo Conflicto Colectivo en la Audiencia Nacional. El encuentro de los sindicatos mayoritarios y la dirección de Correos en los tribunales empieza a ser ya algo bastante habitual, ante la continua vulneración del derecho a la negociación colectiva y el incumplimiento de acuerdos laborales. Los sindicatos denuncian que desde hace dos años Serrano está llevando a cabo, de manera encubierta y no negociada, una reconversión de Correos como servicio público en todo el Estado, que lleva ejecutándose tras su nombramiento “digital” en 2018.