Plataforma Víctimas Tren Santiago: «Una justicia lenta no es justicia: el juicio acabará tras 10 años»

Comunicado

5 de octubre de 2022 Santiago de Compostela.

Llevamos 9 largos años luchando por destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia, exigiendo que se depuren responsabilidades a todos los niveles, peleando contra todas las instituciones implicadas y contra el propio Estado que han empleado todos sus medios para ocultar y tapar las negligencias y los incumplimientos de la normativa que hay detrás del desastre del tren Alvia de Santiago. Después de tanto tiempo esperando este momento, el comienzo del juicio lo afrontamos con muchísimo dolor y rabia y con sentimientos encontrados.

Primero porque «una justicia lenta no es justicia». Desgraciadamente algunas de las víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia y lamentablemente ya nada se puede hacer. Cuando acabe el juicio habrán pasado 10 años.

Esta demora no es casual, las diferentes instituciones del Estado son las responsables:

• Sufrimos el cambió del juez, pese a nuestra petición al Consejo General del Poder Judicial, y la inacción total del primer fiscal que tuvo que ser sustituido.

• Ocultación y demora de entrega documentos por parte de Fomento, Renfe y Adif (hasta 4 años)

• Peritos impuestos por la Xunta sin experiencia ferroviaria que demoraban y plagiaban otros informes, pésima calidad de las grabaciones en el juzgado, etc.

• Acumulación de retrasos y errores graves por parte del juzgado.

Evidentemente estamos satisfechos con que finalmente se vaya a celebrar el juicio y se siente en el banquillo el que fue Director de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, ya que no realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones. Así lo indicaba el auto de la Audiencia:

• Hubo modificaciones importantes del proyecto original, cuando era ministro de Fomento José Blanco, “cuya repercusión en la seguridad resulta obvia sin que conste que previamente se hubiere evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad”.

• En un segundo momento, con Ana Pastor al frente, cuando se produjo la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, porque este generaba retrasos, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”.

Sin embargo, consideramos que faltan en el banquillo quienes respondan de decisiones y negligencias sin las cuales, la tragedia no habría ocurrido y que se suman a las que ahora se juzgarán. Existían claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia. También desde el Área de Negocio de Renfe salió la petición de desconexión del ERTMS.

En 2016, la UE concluyó en su informe que el gobierno no cumplió con la obligación de investigar por la falta de independencia y por no analizar las causas que precisamente afectan a Fomento, Renfe y Adif. Este informe, que el Ministerio de Fomento y Ana Pastor personalmente intentaron ocultar, invalidó la investigación que llevó a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -CIAF- por encargo del Gobierno.

La UE entonces y la justicia ahora desmonta la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de Fomento, quisieron imponer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable, que el accidente no era de Alta Velocidad. Seguimos sin entender cómo es posible que el ministerio de Fomento autorizase la puesta en servicio de esta línea sin el preceptivo análisis de riesgos.

Pese a los años transcurridos vamos a seguir luchando para que se haga justicia y se depuren todas las responsabilidades que corresponden a una democracia avanzada: técnicas, penales y políticas.

Durante años la maquinaria del Estado ha trabajado para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública. Por eso exigimos también hoy que la televisión pública emita el premiado documental que una productora independiente hizo sobre la tragedia de Angrois-Frankenstein-04155. Documental que se emitió en Bruselas en el Parlamento Europeo, pero que fue censurado en nuestro país en el Congreso de los Diputados en otra maniobra de ocultación. Como leímos en la prensa “en Angrois todo era público: el tren, la vía y hasta el conductor. Todo público, salvo las responsabilidades políticas.”

Durante 9 años hemos ido conociendo hechos muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales, pero que tienen una clara responsabilidad política: procedimientos de infracción por incumplimiento de la la normativa de seguridad ferroviaria, no se ha puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, presiones a la UE para impedir la publicación del informe, etc.

Dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha esa investigación. No lo han hecho ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de éste último en coalición con Podemos pese al apoyo inicial y el posterior silencio. Seguimos exigiendo que se haga esta investigación

Es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades y que se esclarezca toda la verdad y se realice la investigación técnica independiente que exige Europa para que se incorpore al proceso judicial, de otro modo y una década después, habrá sentencia pero no habrá justicia.

EN MEMORIA DE LOS QUE DEJARON SU VIDA EN LAS VÍAS Y PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR, EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA