Redacción •  Actualidad •  05/11/2024

CCOO y UGT denuncian el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a 40.000 personas trabajadoras

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) y UGT Servicios Públicos han registrado la denuncia del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE). Con esta acción dan por concluido el recorrido de este acuerdo tras lograr la implementación de la nueva clasificación profesional y de los cuatro ejes principales del IV Convenio que incluían: la implementación de un nuevo sistema de movilidad (CAP), la regulación de la jubilación parcial mediante contrato de relevo, la modificación del régimen jurídico aplicable y la introducción de un sistema complementario de prestaciones.

CCOO y UGT denuncian el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a 40.000 personas trabajadoras

La denuncia del Convenio Único abre la oportunidad de iniciar una nueva de negociación. CCOO y UGT han instado a la creación de la comisión negociadora, conforme a lo establecido en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores. Para ambos sindicatos, la prioridad será eliminar las diferencias salariales que existen entre el personal de la Administración General del Estado en función del tipo de contrato.

Objetivos para el nuevo convenio

En el próximo proceso negociador, CCOO y UGT plantean alcanzar mejoras claves en las condiciones laborales y retributivas, y han identificado varios objetivos.

En materia retributiva, tal como han avanzado, ambos sindicatos buscarán la equiparación salarial para todo el personal de la AGE en función de las titulaciones requeridas, buscando una mayor competitividad en comparación con otras administraciones y el sector privado.

Sobre las condiciones de trabajo, las organizaciones sindicales piden la homologación de condiciones y desarrollo de una carrera profesional horizontal, así como la aplicación de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales. Y también reclaman mejoras en la formación continua, igualdad y prevención de riesgos laborales, así como adaptación y consolidación de los nuevos permisos en materia de conciliación familiar y laboral.


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