Ecologistas en Acción ante los trágicos efectos de la DANA y las inundaciones de 2024

Declaración completa de Ecologistas en Acción

Cuando todavía se desconoce la magnitud final de los daños generados por la DANA, Ecologistas en Acción se solidariza con el dolor de todas las personas afectadas, especialmente por la inasumible pérdida de vidas humanas. Pero es también momento de decir, con toda claridad, que las consecuencias hubieran sido menores si las administraciones públicas se hubieran tomado en serio las numerosas advertencias que tanto científicos y expertos como grupos ecologistas y otros ámbitos de la sociedad civil llevan realizando desde hace décadas. 

Estas advertencias se pueden resumir en las siguientes:

1. El cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales y lo seguirá haciendo en el futuro. No actuar para frenar el cambio climático se cobra vidas . Ante lluvias torrenciales de esta magnitud, no hay infraestructura capaz de contener la catástrofe. Son necesarias políticas urgentes y mucho más contundentes de mitigación (reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas) y de adaptación al cambio climático.

2. Hay que reformular de arriba a abajo las políticas de planificación y gestión del territorio . No puede admitirse ni un ladrillo más en zonas inundables. Pese a las leyes y planos existentes, las administraciones públicas han seguido permitiendo la ocupación de zonas inundables, existiendo en torno a un millón de viviendas en zonas de riesgo. Es urgente obligar a la adaptación inmediata de los planos municipales a la Cartografía de Zonas Inundables y de Zonas de Flujo Preferente y al cumplimiento efectivo de la obligación de informar en la compra de viviendas de su ubicación en zonas inundables. En lugar de reconstruir los edificios dañados en zonas de muy alto riesgo, se deben orientar las ayudas a trasladar equipamientos públicos (educativos, sanitarios, de mayores…) y viviendas desde las zonas de alto riesgo o muy alto a lugares seguros. Por otra parte, las obras de defensa frente a inundaciones (muros, encauzamientos, diques…) no han sido capaces de eliminarlas y, en muchos casos, han agravado los daños por una falsa sensación de seguridad, favoreciendo aún más la ocupación de espacios de riesgo, por aumentar la velocidad y la altura del agua y porque estas infraestructuras no eliminan el agua, solo la mueven a otro sitio, por lo que muchas veces “salvan” unas zonas y poblaciones a costa de agravar los daños en otras, algo inaceptable desde una perspectiva de justicia. sociales. 

3. En gestión de inundaciones hay que pasar del “evacuar” al “retener” . Hay que devolver a los ríos el espacio que se les ha quitado, eliminando parte de los encauzamientos, muros y diques en zonas adecuadas, para permitir un desbordamiento blando en lugares donde los daños puedan ser menores, como forma de proteger los espacios urbanos y la vida de las personas aguas abajo. También son necesarias prácticas obligatorias de conservación de suelos y retención de escorrentías en los espacios agrarios y en los urbanos, con medidas de drenaje sostenible, con el fin de reducir y ralentizar las ondas de avenida.

4. Los sistemas de alerta y de reacción deben centrarse en salvar la seguridad de las personas y el interés público, no los intereses de empresas y sectores económicos. La gestión de esta DANA en el País Valencià ha mostrado retrasos inaceptables en la comunicación a la población y en la solicitud de ayuda masiva al Estado y otras comunidades autónomas, así como prácticas irresponsables por parte de algunos empresarios, todo lo cual deberá ser analizado con detalle para depurar responsabilidades en su momento. Sin embargo, estos retrasos y malas prácticas no obedecen solo a la negligencia sino también a la voluntad de anteponer los intereses económicos (“que no pare la economía”) a la vida de la ciudadanía y el interés público. Es necesaria una revisión completa de los actuales sistemas de alerta y protección laboral, incorporando medidas obligatorias para empresas, trabajadores y población general, según la gravedad del riesgo, con antelación suficiente para que puedan ser adoptadas. 

5. Instar a mejorar la educación y capacitación social de la ciudadanía en la gestión del riesgo. Esta educación general de la población incluye desde la prevención (por ejemplo, no comprar viviendas en zonas inundables), a saber actuar en situaciones de riesgo, evitando, entre otras conductas, que muchas personas sigan considerando el vehículo privado como un espacio seguro o que minimicen la importancia de una alerta naranja o roja, de forma que haya personas que en tales circunstancias pretendan continuar con sus rutinas diarias. 

No frenar el cambio climático, no adaptarse a sus consecuencias con una reformulación completa de la ordenación del territorio, no reaccionar antes y mejor antes el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones y no contar con una ciudadanía con la formación necesaria se cobra una factura que la sociedad no puede ni debe asumir.