Nuevas pruebas pueden permitir importantes avances en la Querella Bárcenas

Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en el caso Bárcenas han solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción nº 5 varias actuaciones. Su objetivo es que se investigue de nuevo a los empresarios contratistas que inicialmente fueron objeto de la querella presentada por la acusación popular, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez instructor Ruz ante, a su juicio, la falta de pruebas que mostraran la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los escritos del extesorero y la adjudicación de licitaciones.

Sin embargo, además de la información que en los meses precedentes se ha aportado en el juicio de la causa Gürtel, en las últimas semanas se han ido conociendo a través de la prensa o mediante resoluciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción nº 6 –en la investigación conocida como caso Púnica– una serie de hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011. Es por eso que la acusación popular pide que esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas.

Y es que los hechos y conductas que ahora se están conociendo pueden ser de gran utilidad. Servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado. También aportaría datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados, Lapuerta y Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable.

Además de las diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del caso Púnica relacionada con procesos electorales, la acusación popular solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a Dregemont, la empresa que Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración en el juicio Gürtel en octubre 2016. Esta diligencia permitiría ampliar la investigación sobre los presuntos delitos de cohecho que se habrían producido al pagarse comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio de favorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública.
También solicita la acusación popular en su escrito que acuda a declarar en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Y es que la denominada «carpeta azul» contiene anotaciones contables, tal y como reconoció Correa, que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de Degremont.

Por otra parte, y en relación a la causa abierta en Toledo por supuesto cohecho y prevaricación de dirigentes del Partido Popular con ocasión de la adjudicación del servicio de limpieza de la ciudad de Toledo, la semana pasada esta acusación popular realizó nueva solicitud de diversas diligencias de prueba.

Las organizaciones querellantes, IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, consideran que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día. Es por ello que continuarán su tarea hasta que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones.

La acusación popular pide al juez nuevas actuaciones para que se investigue a los empresarios que financiaron ilegalmente al PP. Fuentes de esta acusación, una vez formalizada la petición de los nuevos medios de prueba ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, resumen que “se trata de incorporar a esta causa las averiguaciones del ‘caso Púnica’, lo que permitiría volver a imputar a constructores que ya lo fueron en la querella inicial contra el PP”

Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en el denominado caso ‘Papeles de Bárcenas’ tras presentar en febrero de 2013 la querella criminal contra el PP, ha solicitado formalmente ahora junto a los colectivos y formaciones con los que comparte acusación -ALA, Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Los Verdes- nuevas actuaciones en la pieza separada por la ‘Caja B’ del PP que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

Entre los objetivos que persigue esta solicitud de nuevos medios de prueba ante el juzgado competente está conseguir que ahora sí se pueda investigar a los empresarios contratistas que inicialmente fueron objeto de la querella presentada, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez instructor Pablo Ruz. Éste argumentó para ello la falta de pruebas que mostraran vinculación entre las donaciones al PP recogidas en los papeles del ex tesorero y ex senador ‘popular’ y la adjudicación de licitaciones.

Fuentes del equipo jurídico que lleva la acusación popular resumen que “se trata de incorporar a esta causa las averiguaciones realizadas en el ‘caso Púnica’, lo que permitiría volver a imputar a muchos constructores que ya lo fueron en la querella inicial contra el PP”.

Estas mismas fuentes resaltan que “además de la información que en los últimos meses se ha aportado en el juicio del ‘caso Gürtel’, recientemente se han conocido a partir de resoluciones del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en la investigación del ‘caso Púnica’ y a través de la Prensa diversos hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en 2003, 2004, 2008 y 2011.

“Por ello, desde la acusación popular solicitamos que esta información intervenida en el ‘caso Púnica’ sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial en elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los ‘Papeles de Bárcenas’”.

Estas fuentes valoran que “los hechos y conductas que se están conociendo ahora pueden ser de gran utilidad. Servirían para ampliar el acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto ‘modus operandi’ y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales, así como el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado”.

“Aportaría también -añaden- datos para confirmar la participación continuada de los ex tesoreros investigados (Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas), que fueron administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la administración electoral y los órganos de control contable”.

Además de las nuevas diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del ‘caso Púnica’ relacionada con procesos electorales, la acusación popular que representa, entre otros, Izquierda Unida solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a DEGREMONT, la empresa que Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración en el juicio Gürtel, en octubre 2016.

“Esta diligencia permitiría ampliar la investigación sobre los presuntos delitos de cohecho que se habrían producido al pagarse comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio de favorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública”, se indica desde la acusación popular.

El escrito de la acusación popular incluye también la solicitud para que acuda a declarar en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Se considera que la denominada ‘carpeta azul’ contiene anotaciones contables -tal y como reconoció el propio Correa-, que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de DEGREMONT, empresa cuyos responsables también aparecen en los ‘Papeles de Bárcenas’.

Por otra parte, en relación a la causa abierta en los juzgados de Toledo por supuesto cohecho y prevaricación de dirigentes del Partido Popular por la adjudicación del servicio de limpieza de esta ciudad, esta acusación popular ha realizado también una nueva solicitud de diligencias de prueba.

Izquierda Unida, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes consideran que los nuevos hechos “aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día”. Por ello, “se continuará la tarea hasta lograr que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones”.