El presidente de RTVE se niega a decir a IU cuánto costó la participación de España en Eurovisión 2017

El presidente de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez, sigue parapetándose en el Tribunal Supremo, como ya hizo con la edición del año 2015, para no facilitar información al Congreso de los Diputados sobre “cuánto ha costado la participación española en el festival de Eurovisión, excluyendo el canon que se debe pagar a la EBU-UER”, en referencia a su última edición de mayo pasado, según responde a la pregunta formulada antes del verano por el diputado Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión Mixta de Control de RTVE.

En su respuesta por escrito, Sánchez detalla al parlamentario que “en este momento se encuentra pendiente de tramitación y resolución por el Tribunal Supremo en recurso de casación interpuesto por RTVE, en el que la cuestión controvertida es precisamente la determinación de si dar a conocer esa información es perjudicial o no para los intereses económicos y comerciales de esta empresa pública y si, en consecuencia, resulta o no ajustado a lo establecido en la Ley 19/2013”.

El presidente de RTVE, dejando a un lado la idea de garantizar la absoluta transparencia de esta corporación pública y escudándose de nuevo en el Supremo, apostilla que “como es obvio, estando esta cuestión ‘sub iudice’, se considera preciso esperar a conocer el criterio jurisprudencial del Alto Tribunal a este respecto para actuar en consecuencia, y en su caso, si fuera procedente, facilitar dicha información”.

El Tribunal Supremo aceptó a trámite el pasado mes de abril el recurso interpuesto por la dirección de la cadena pública, aludiendo a su deseo de evitar el ‘perjuicio para los intereses económicos y comerciales’ de RTVE, para justificar su decisión de impedir que se conocieran los datos requeridos anteriormente sobre qué cantidad de dinero público costó la participación de España en ‘Eurovisión 2015’.

Ricardo Sixto valora que “más allá del caso concreto de cuánto dinero público se gasta para participar en cada festival de Eurovisión, lo realmente importante que está en juego es si los máximos responsables de RTVE, puestos ahí por el Gobierno del PP, logran que prevalezcan unos supuestos y dudosos intereses comerciales sobre la obligación de transparencia con el Parlamento de todas la instituciones, entes o corporaciones públicas, sobre todo en tiempos de crisis y recortes”. 

La tramitación en marcha de este recurso sirve, por tanto, para dejar a oscuras al Congreso de los Diputados sobre esta cuestión. A la espera de que el Supremo se pronuncie en los próximos meses o años, cabe recordar que otra importante instancia judicial como es la Audiencia Nacional ya sentenció sobre este asunto e indicó de forma taxativa que esos supuestos perjuicios no existen y que los datos solicitados, los mismos que reclama IU sobre el festival de 2017, responden a una ‘información de carácter público’.

Además, la Audiencia Nacional aseguró que ‘la entidad pública no acreditó el perjuicio que se pudiera irrogar al facilitar los gastos del festival’, privando así ‘de una información general que no exige una comparación con los gastos de otros años o la rentabilidad económica, datos que afectarían a los intereses económicos y comerciales de RTVE’.