IU se personará como acusación popular en el proceso de la trama Enredadera

Izquierda Unida de Castilla y León se personará como acusación particular en los procesos judiciales abiertos por el caso Enredadera, un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que salpica a decenas de ayuntamientos y cargos públicos en todo el territorio nacional. La trama, que gira entorno a pagos a cargos públicos institucionales a cambio de la concesión irregular de contratos públicos para las empresas de José Luis Ulibarri, ha salpicado a alcaldes, concejales y técnicos pertenecientes tanto al Partido Popular, como al PSOE o a Ciudadanos, habiendo causado la primera detención de un cargo electo de los naranjas, el alcalde de Arroyomolinos Carlos Ruipérez.

Según ha manifestado Sarrión en una rueda de prensa concedida esta mañana en León, IU ha estado estudiando legalmente el caso durante todo el verano, decidiéndose finalmente a personarse como acusación popular. “Es un proceso judicial que afecta de manera absolutamente determinante a Castilla y León, que, sin lugar a dudas, es el epicentro de esta trama”, sostiene Sarrión, haciendo referencia a que siete municipios salpicados por la trama se encuentran en la provincia de León y 12 en toda la comunidad autónoma.

El Coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León ha apuntado al compromiso de su organización en la lucha contra la corrupción para explicar su decisión.  “Hemos peleado y hemos puesto nuestros humildes y modestos recursos siempre al servicio del esclarecimiento de la verdad”, ha afirmado Sarrión. “Como ha venido sucediendo en la batalla que hemos presentado en el caso de Caja España, batalla que lamentablemente no estamos ganando, no porque no llevemos razón, sino porque la lentitud de la justicia española provocó que los supuestos delitos prescribieran”, indicaba.

Escasos recursos en justicia

En la misma línea se ha manifestado la Coordinadora Provincial de IU León, Eloina Terrón, que ha señalado que es fundamental que se dote de recursos y mecanismos a la justicia. “En ese sentido, nos parece muy importante pedir más medios en la justicia, porque lo que nos parece absolutamente indignante es que haya prescrito la causa de Caja España y nos parece que este caso puede también prescribir si no se ponen más medios en la justicia”, indicaba.

Para Terrón, el volumen de cargos públicos y servicios implicados en la trama supone un gravísimo descrédito para la clase política leonesa. “Nos parece que hay una clase política en esta provincia que está más preocupada en medrar políticamente que en defender el interés general y el bien público”, ha declarado de forma contundente. Una preocupación que también ha mencionado durante la rueda de prensa la concejal del municipio de Astorga Nuria Bautista. “La imagen de Astorga está completamente desprestigiada mientras que el gobierno de la Enredadera siga al frente del Ayuntamiento”, sostiene.

Piezas separadas

Los servicios jurídicos de Izquierda Unida se personarán en el caso principal, que se está desarrollando en los humildes juzgados de Badalona en lugar de la Audiencia Nacional, a pesar los escasos medios con los que cuenta, y de tratarse de una trama que involucra actividades susceptibles de comportamientos ilícitos en diez comunidades autónomas y las provincias junto a León, de Barcelona, Gijón, Huesca, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria, Palencia o Zaragoza… Entre otras.

También lo hará en dos piezas separadas, instrucciones abiertas por indicación del propio Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona, en las ciudades de Astorga y León.

En el caso de Astorga, la pieza cuenta con particularidades, al estar centrada en los vínculos del empresario Ángel Luis García Martín, alias ‘El Patatero’, con cargos públicos municipales en la concesión irregular de obras y servicios a su empresa Agema Ingeniería y Servicios. García Martín, considerado mano derecha de José Luis Ulibarri, obtuvo concesiones como la instalación de parques infantiles, zonas verdes o parques de ‘skate’ en varios municipios de León.

Por el mismo motivo se separó la pieza de León, declarado, “epicentro” de una trama de corrupción que parece extender sus ramas a todas las esquinas del territorio nacional.

El papel de los medios de Comunicación

Uno de los elementos más llamativos ha sido el papel jugado durante el desarrollo de toda la trama por parte de los medios de comunicación. Ulibarri, además del grupo Sacyr, cuenta con importantes intereses en el ámbito de los medios de comunicación. El empresario es propietario de importantes cabeceras en la región como El Correo de Burgos, el Diario de León o El Mundo de Castilla y León. Además, es el propietario de la mitad del ente regional Radio Televisión de Castilla y León, adquirida a mitad de los noventa gracias a su aventura empresarial Otecable, que el pasado agosto reveló las conexiones del periodista Manuel Campo Vidal con las actividades del empresario.

De hecho, las revelaciones en torno a la trama se han ido desgranando en los medios locales de la provincia como arma arrojadiza entre Ulibarri y empresarios rivales que poseen también cabeceras de periódicos e importantes intereses en medios de comunicación. Un elemento al que ha apuntado la concejal de León en Común, Victoria Rodríguez, durante la rueda de prensa, al referirse a la externalización de servicios públicos fundamentales del ayuntamiento como la ayuda a domicilio. “Nos parece escandaloso que un servicio tan necesario como este lo gestionen curiosamente dos empresas, dos empresarios, que son los dueños de los dos periódicos impresos en nuestra provincia, El Diario de León y La Nueva Crónica”, ha indicado.

“Esto nos lleva a hablar del papel crucial que en esta trama han jugado ciertos medios de comunicación”, ha señalado directamente la concejal de León en Común. “En este caso el Diario de León, el Diario de Valladolid y la Televisión de Castilla y León; ellos han sido en realidad el brazo armado de la trama, los que han permitido y han incentivado”, ha afirmado, apuntando a la influencia de estos medios para cubrir a determinadas figuras públicas y cargos mientras “a un palo defenestran ciertos movimientos políticos y sociales”.