El Ayuntamiento de Madrid expulsa forzosamente a los residentes de los apartamentos de San Francisco y les impone un aumento del 70% en la alternativa habitacional

El pasado mes de junio, las 61 personas que viven en los apartamentos municipales para mayores San Francisco (c/ Jerte 1), en pleno centro de Madrid, fueron informadas sobre las obras que se llevarían a cabo en sus casas a partir de septiembre. Durante una reunión en la residencia, se les comunicó que las obras comenzarían el 2 de septiembre y su duración estimada sería de al menos 14 meses.

Como alternativa habitacional durante el período de obras, se les ofreció una residencia en Villaviciosa de Odón, situada a 30 km de su actual residencia. Todos los residentes rechazaron esta opción debido a su lejanía y las malas conexiones de transporte público, con la parada de autobús más cercana a 1,5 km de distancia.

Ante las protestas, se añadieron alternativas, incluyendo residencias en Aranjuez, Vallecas, la carretera de Colmenar Viejo, Santa Engracia y ventas. Tan sólo una de las alternativas les mantendría dentro de su distrito actual y 3 de ellas están, incluso, fuera de la ciudad.

El 2 de septiembre, durante unas declaraciones en Butarque, el alcalde Sr. Almeida se refirió a las obras en los apartamentos municipales para mayores San Francisco, afirmando: «No se acometen las obras por capricho, sino que son absolutamente necesarias porque hay problemas y patologías que afectan a la seguridad del inmueble y, por tanto, pueden repercutir en la integridad física de los usuarios».

Esta declaración pone de manifiesto una aparente discrepancia entre la Dirección General de Arquitectura y el propio Ayuntamiento. Mientras que la Dirección General habla de “mejoras y renovaciones” en las instalaciones (según carta remitida a los residentes el 25 de junio), el alcalde enfatiza la necesidad de las obras desde un punto de vista de seguridad, tanto del edificio como de los residentes.

Hasta la fecha, ninguna fuente ha tenido acceso a informes o proyectos (a pesar de haber sido solicitados) que justifiquen las obras y menos todavía que acrediten que responden a la necesidad de proteger la integridad de sus residentes. Además, arquitectos independientes al Ayuntamiento han cuestionado la urgencia de esta renovación. Según estos expertos, “todo lo que han dicho que hay son obras de acabado, nada relacionado con seguridad, van a poner unas cocinas nuevas y unos baños nuevos para que tenga un acabado mejor. No hay nada de estructura o pilares”. Añaden: “Si estas obras son para cumplir con el código técnico de 1999, no entendemos las prisas después de 25 años ni que no se haya cumplido en obras anteriores que se han llevado a cabo en el inmueble. Al no disponer del informe técnico, no es posible saber qué partes del código técnico no se cumplen y cómo las obras que se proponen están enfocadas para esos cumplimientos, puede ser algo de fachada o similar, pero desde luego nada relacionado con renovaciones o acabados”.

Sin lugar a dudas, las obras podrían realizarse sin necesidad de desalojar a los residentes, permitiéndoles continuar con su vida cotidiana. Petición ya solicitada y denegada por el consistorio.

Las soluciones propuestas para los residentes durante las renovaciones son dos:

• Reubicación por cuenta propia: Los residentes pueden optar por alojarse con familiares, amigos o alquilar una vivienda, asumiendo ellos mismos los costos asociados.
• Reubicación en otras residencias de la Comunidad de Madrid: Se ofrece la posibilidad de trasladarse a otras residencias, aunque en condiciones diferentes a las actuales como residencias mixtas o para personas dependientes, con pensión completa y servicios adicionales como lavandería, que los residentes no necesitan. Este cambio implica un aumento significativo en el costo, ya que pasarían de pagar entre un 10-15% de su pensión actual a un 80-86%, dependiendo de la residencia elegida.

Las implicaciones de esta situación son profundas y afectan tanto la salud física como mental de los residentes:

1. Pérdida de independencia económica: El incremento en el porcentaje de su pensión destinado a la vivienda reduce drásticamente su poder adquisitivo.  Por ejemplo, A.I., con una pensión de 517 euros, pasaría de pagar 51 euros mensuales a 444 euros, dejándole solo 72 euros para cubrir todos sus demás gastos. Esta radical reducción afectaría a todos los residentes y limitaría su capacidad para cubrir necesidades básicas.
2. Impacto en la salud física: La escasa capacidad económica obligará a algunas personas a abandonar sus tratamientos médicos al no poder costear los medicamentos necesarios, ya que estos no están cubiertos por las residencias a las que serán trasladados. Esto podría provocar un deterioro en su salud física, aumentando la vulnerabilidad de una población ya de por sí frágil.
3. Deterioro de la salud mental: Desde junio, los residentes han estado sometidos a un alto nivel de estrés e insomnio debido a la incertidumbre sobre su situación. El estrés de tener que empaquetar y almacenar recuerdos de toda una vida, que quedarán inaccesibles durante 14 meses o más, también contribuye al deterioro de su bienestar emocional. Por otra parte, la permanencia de los mayores en su entorno habitual es clave para su salud e incluso vitalidad. Los vínculos con el barrio son claves para su salud física y mental, así como para preservar su autonomía.

Además, estas personas subrayan la pérdida de las condiciones de vida que actualmente disfrutan, lo que les arrebata su independencia para realizar actividades cotidianas como comprar, cocinar y participar en actividades recreativas.

Para ellos, cocinar platos que evocan recuerdos o simplemente salir a pasear por su barrio de toda la vida no solo son actividades diarias, sino parte esencial de su identidad. La pérdida de estas rutinas les provoca una profunda sensación de tristeza y soledad, al verse separados de su hogar y alejados de sus vecinas y amigas de muchos años.

Una vecina compartió, entre sollozos, que conoció a su esposo en estos apartamentos y que allí mismo se casaron. Con dolor, dice: “Si mi marido, que en paz descanse, viera todo esto, le daría algo”. Otra vecina, con nostalgia, recuerda cómo se crió en este barrio antes de emigrar a Argentina, donde tuvo un programa de radio durante años, hablando de actualidad, literatura y arte. Era conocida como “la voz de España”. Ahora, con la misma agudeza, sabe reconocer cuándo la están intentando engañar.

En su momento, psicólogos del Ayuntamiento visitaron a los residentes para asegurarse de que pudieran adaptarse a esta nueva realidad forzada. Sin embargo, según las declaraciones de los inquilinos, estas visitas se percibieron más como un trámite destinado a persuadirlos de que debían aceptar la reubicación y dejar al Ayuntamiento realizar  las obras.

Seguramente ajeno a todo esto, el alcalde ha afirmado que es consciente de las incomodidades por estos traslados y ha indicado que se está trabajando para provocar las menores molestias posibles.

Los residentes de estos apartamentos, que tienen entre 70 y 91 años, se sienten profundamente vulnerables y desprotegidos al ser forzados a abandonar sus hogares. La falta de información clara les ha hecho sentirse engañados, y consideran muy injusto tener que asumir costes adicionales por una mudanza que no eligieron. Estas personas, que han trabajado arduamente toda su vida y tienen una rica experiencia, merecen que se respeten su voluntad, decisiones y necesidades. Además, esperan poder firmar un contrato que les dé garantías de que van a regresar a sus casas en las mismas condiciones que las actuales.

Gracias a su resiliencia y al apoyo de sus vecinas, se ha conseguido una extensión en los plazos de desalojo. La presión continuará, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que permita a nuestros mayores permanecer en sus hogares.

Toda la vecindad de la zona está volcada con esta injusticia. Igual que se volcaron en la defensa del Parque de la Cornisa, colindante a dichos apartamentos, residentes, AV y colectivos vecinales suman sus voces para defender un barrio verde y habitable para todas, hermanando su lucha con el distrito de Arganzuela que sale este jueves a reivindicarlo. Suman sus voces para denunciar que el Ayuntamiento haría bien en utilizar los recursos públicos allí donde verdaderamente se necesitan para mejorar la vida de las vecinas; la reforma del Parque de la Cornisa va por los casi dos millones de euros de recursos de los madrileños, sin que el parque esté acabado tras más de 2 años de reforma. Hoy es un parque desmantelado e inutilizable.  ¿Pasará lo mismo con las obras de este inmueble?

En un contexto marcado por la negligencia fatal de la CAM con las personas mayores durante la pandemia, https://www.instagram.com/p/C_NFy09NlG6/?igsh=ZXBxN2U2b28wYW1o, y las últimas noticias relacionadas con la gestión del Ayto de Madrid de sus residencias, https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/marido-aguirre-abra-hostel-construido-residencia-ancianos-autorizado-almeida_1_11597124.amp.html, exigimos respeto y dignidad para nuestras vecinas de más avanzada edad.