El PCE, IU y el Foro de Abogados de Izquierdas presentan una querella contra Juan Carlos I y Corinna
La querella, interpuesta a raíz de las revelaciones del contenido de las grabaciones del ex comisario Villarejo, denuncia que se desprende obtención de ingresos indebidas, operaciones financieras opacas, blanqueo de dinero, fraude fiscal y ocultación de bienes. Junto a Juan Carlos I y la empresaria Corinna su Sayn-Wittgenstein, aparecen el director del CNI, Félix Sanz Roldán, Juan Villalonga y el empresario de la construcción Juán Miguel Villar Mir.
Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados de Izquierdas (FAI-RADE) ha presentado una querella criminal contra las posibles actividades ilícitas del ex jefe de estado Juan Carlos I y su amiga personal, la empresaria Corinna su Sayn-Wittgenstein, ante el Tribunal Supremo.
La querella, interpuesta cuando se cumple el 40 aniversario de la Constitución, aspira al esclarecimiento de toda una serie de actuaciones ilegales puestas de manifiesto a través de las grabaciones secretas realizadas por el ex comisario José Manuel Villarejo de sus conversaciones con Corinna y el empresario Juan Vilallonga. En las mismas, realizadas en Londres en junio de 2015, la empresaria ponía de manifiesto que el rey emérito poseía grandes cuantías de dinero en paraísos fiscales, obtenidas a través de comisiones para la realización de grandes obras de infraestructura.
A pesar de los severos indicios de actividad criminal recogidos en las grabaciones, tras su salida a la luz el pasado junio la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la grabación. La fiscalía planteó así mismo en una nota que Juan Carlos I estaba exento de responsabilidad penal ya que en la fecha de las grabaciones, aún contaba con la inviolabilidad ligada a la corona. Posteriormente, la mesa del Congreso rechazó una comparecencia del ex comisario Villarejo ante el legislativo solicitada por Izquierda Unida, por los votos contrarios de PP, PSOE y Ciudadanos.
En la querella presentada ante el Tribunal Supremo se plantea que las grabaciones cuentan con indicios de comisión de hasta 13 delitos, como cohecho, fraude, tráfico de influencias o constitución de grupo criminal. Así mismo, señala al empresario Juan Vilallonga por encubrimiento y al director del CNI, Félix Sanz Roldán, de amenazas condicionantes, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir actividades delictivas conocidas.
Así mismo, apunta a todos los implicados, excepto al empresario Juan Vilallonga, por conformar una posible «estructura organizada, con vocación criminal, creada y mantenida en el tiempo con el fin de realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad».
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