Izquierda Unida denuncia las nuevas fórmulas de privatización de la sanidad pública en León
La formación denuncia que el gobierno del Partido Popular de la Junta de Castilla y León está convirtiendo en un negocio la sanidad pública mediante acuerdos de “contrato-programa” como el que va a implantar en el hospital privado San Juan de Dios de León, dando 9 millones de euros a la orden católica a cambio de que, “de forma excepcional y justificada”, utilice determinados servicios para reducir listas de espera y operaciones.
Exige que la Junta destine esos 9 millones de euros de dinero público a dotar de personal, medios y recursos a las plantas cerradas del hospital público de León y al hospital público de San Isidro que está dejando morir con una total desatención.
Según la dirección provincial de la formación de izquierdas, esta forma de “privatización encubierta” de la sanidad pública de Castilla y León estaba ya contemplada en la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de 2010. Con estas medidas, sostienen, se da inicio a su implementación acelerada en toda la provincia, que se convertiría de esta forma en el laboratorio de las políticas de privatización y negocio del Partido Popular en Castilla y León.
«No se trata de que centros hospitalarios privados que se les ofrezca la posibilidad de que se integren en una red pública, y así ir ampliando la sanidad pública como un derecho garantizado para todas y todos, suprimiendo progresivamente la concepción de que de la salud se puede hacer negocio», afirma en un comunicado Izquierda Unida. «Porque las relaciones laborales, la titularidad de las instalaciones, los servicios sanitarios y la gestión interna del hospital privado continuarán, como hasta ahora, dependiendo de la orden religiosa», añade.
Izquierda Unida ha pedido a todos los partidos políticos del arco parlamentario de la oposición en Castilla y León, a todos los sindicatos y movimientos sociales que se unan a la exigencia de parar dicho convenio y que no se profundice más aún en la privatización este próximo 1 de enero, lo cual sería una nueva tragedia en la deriva de la sanidad pública en nuestra provincia que se unirá a la nefasta gestión del actual Consejero de Sanidad que el Defensor del Paciente ha calificado de “absoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de protección de la salud» y de comisión por parte de Herrera y de Sáez Aguado de un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud tipificados en los artículos 195.1, 196 y 412.3 del Código Penal.
«No podemos seguir con esta política sanitaria de la Junta de Castilla y León que desde hace años está quebrando el sistema sanitario de nuestra comunidad y que ahora busca nuevas fórmulas de deteriorarlo aún más, y convertir nuestra salud en fuente de negocio privado», afirman, aludiendo a los efectos perniciosos de esta política que describen con el recorte de prestaciones, de material, de obras en nuevas infraestructuras y mejora de los edificios, en cierre de camas hospitalarias, en la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de diferentes grupos y personas y, muy especialmente, en recortes de personal, tanto de hospitales como de centros de salud y consultorios rurales. Critican, además, que esta política de reducción de servicios está generando listas de espera que ponen en riesgo la vida de las personas o agravan el pronóstico de la enfermedad.
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