Duras críticas al gobierno por su intromisión en el Poder Judicial

Declaraciones en las últimas semanas del ministro de justicia Rafael Catalá dando por hechas sentencias en contra de los encausados por el referéndum del pasado 1 de octubre y la consiguiente declaración de independencia de Cataluña, han provocado reacciones de condena entre asociaciones y entidades profesionales, que las consideran una violación intolerable de la separación de poderes. Se trata tan solo del último episodio de conflictos entre la línea política de los gobiernos del Partido Popular y el respeto a la separación constitucional entre ejecutivo y judicial.

En su último comunicado, emitido este lunes, la asociación profesional Jueces Para la Democracia ha alertado sobre las declaraciones del ministro de justicia que califican como “inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales”. Durante las últimas semanas, Catalá ha venido haciendo públicas sin ningún tipo de rubor sus reuniones con magistrados del tribunal constitucional, llegando a adelantar cuál será el resultado de los procesos abiertos contra las figuras más representativas del Procés. Según Jueces Para la Democracia, “estas injerencias socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”.

No es la primera vez que asociaciones profesionales de la magistratura denuncian la intromisión e injerencia del ejecutivo en el poder judicial. En junio de 2017, Jueces Para la Democracia llegó a exigir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por su política de nombramiento de jueces y fiscales afines al Partido Popular, llegando a situaciones tan flagrantes como “la colocación al frente de la fiscalía anticorrupción de un profesional que, conocidamente, gozaba del favor de investigados por corrupción vinculados al partido del gobierno”.

La advertencia de la asociación profesional de jueces sobre la confianza en el poder judicial no parece exagerada. La pérdida de credibilidad en la independencia del poder judicial muestra desde hace años una tendencia preocupante si se atiende a los estudios e informes realizados por organismos internacionales como la Comisión Europea. Si en el periodo de 2010-2012 los informes de evaluación de este organismo supranacional mostraban que en torno a un 40% de la población tenía una valoración positiva de la independencia judicial, la edición de 2017 del mismo estudio arrojaba que menos del 30% tenían una buena imagen de la misma, con hasta un 58% de las personas encuestadas calificándola abiertamente de mala.

Esta aparente injerencia en su favor en casos que involucran directamente a cargos del partido en el gobierno se suma a la patente instrumentalización de los tribunales, tanto en este último episodio con el Tribunal Constitucional y los encausado por el procés catalán como protagonistas, como a través de legislaciones como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 y conocida popularmente como Ley Mordaza, o el debate apoyado en sucesos puntuales para la reinstauración de la cadena perpetua en el sistema penal bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”. Sobre esto último, sin ir más lejos, el ministro de justicia ha anunciado un proyecto de ley, que será previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros este mismo viernes, para aumentar los tipos delictivos a los que se pueda aplicar esta pena.